Judiciales y Policiales
El mapa nacional

Son 85 los femicidios en el segundo año de pandemia; uno en Chaco

Sólo 10 víctimas tenían medidas de protección. 17 víctimas habían realizado al menos una denuncia previa.
El mapa de femicidios del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”.

Desde el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” dieron a conocer las cifras de femicidios en Argentina al cumplirse un año de las medidas de ASPO/DISPO dictadas en el marco de la pandemia por Covid-19 entre el 20 de marzo de 2020 y el 19 de marzo de 2021, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país.

Algunos datos destacados

 ▪️288 femicidios fueron cometidos entre el 20 de marzo de 2020 y el 19 de marzo de 2021

▪️1 femicidio cada 30 horas durante el año de pandemia

▪️El 64 por ciento de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas

▪️ El 65 por ciento de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima

▪️46 víctimas habían realizado al menos una denuncia

▪️20 víctimas tenían medidas de protección

A un año del comienzo de las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio la violencia machista sigue presente (del 20 de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2021) se registraron 288 femicidios, 1 cada 30 horas.

“Si realizamos una comparación entre el mismo periodo del año anterior, sin medidas de aislamiento, podemos observar que hubo menos femicidios, dado que del 20 de marzo del 2019 al 19 de marzo de 2020 nuestro Observatorio registró 334 femicidios. Si bien no podemos hacer aseveraciones sobre dicha disminución de casos, la misma podría atribuirse a las restricciones de circulación dispuestas en el ASPO dado que podrían haber actuado como obstáculo para ejercer la violencia por parte de hombres no convivientes con las víctimas”, se indicó.

“Más inseguras en nuestro hogar”

Respecto del lugar donde ocurrieron los femicidios, se continúa observando que la vivienda de la víctima sigue siendo el espacio donde más expuesta se encuentra a la violencia. Del 20 de marzo de 2020 al 19 de marzo de este año el 64,9 por ciento de los femicidios ocurrió en el hogar de la mujer, un porcentaje un poco más elevado que el observado en el mismo periodo del año anterior: 60,8 por ciento.

Un dato importante para destacar es que en este periodo 2019/2020 el 0,3 por ciento de los femicidios fueron perpetrados en la vivienda de un familiar, mientras que en ASPO/DISPO este número se elevó al 2,1 por ciento. La pandemia profundizó la crisis económica derivada de cuatro años de políticas neoliberales, afectando de manera más directa y diferenciada a mujeres y diversidades sexuales, a quienes les es más difícil conseguir empleo formal, un sueldo que cubra sus necesidades básicas y, por ende, autonomía económica, por esta razón es que algunas mujeres debieron volver a convivir con familiares, entre los cuales están sus agresores, o no pudieron abandonar la vivienda del agresor, donde hubo un leve crecimiento de casos: de 2019/2020 el 3,9 por ciento de los casos ocurrió en el hogar del femicida y en ASPO/DISPO el 5,9 por ciento.

Donde se observó una merma fue en los casos de femicidios ocurridos en la vía pública: mientras que en el periodo sin aislamiento el 27,2 por ciento de las mujeres fueron asesinadas en la calle, durante este año de ASPO/DISPO el 22,2 por ciento de los casos ocurrió fuera de una vivienda. Esto puede responder a las medidas de restricción de circulación debido a la pandemia.

¿Quién es el agresor?

En relación al vínculo de la víctima con el agresor entre un periodo y otro las cifras son coincidentes: tanto en el periodo sin ASPO como en el periodo ASPO/DISPO se encontró que el 42 por ciento de los femicidios fue perpetrado por la pareja y el 21 por ciento por la expareja, “lo cual continúa siendo señal de que esos varones que dicen amarnos, nos asesinan, y que el aislamiento no fue impedimento para frenar a los violentos. Al mismo tiempo, se observa un crecimiento en el porcentaje de agresores que son conocidos, pero no familiares: entre el 20 de marzo de 2019 y el 20 de marzo de 2020 en el 3,3 por ciento de los casos el femicida era conocido mientras que en ASPO/DISPO este número creció al 8 por ciento”, cita el colectivo.

(In) justicia y medidas de (des)protección

“Durante este año hemos conocido muchas historias de adolescentes y mujeres que han pedido ayuda en las comisarías y en los juzgados, pero no fueron efectivamente protegidas. Si comparamos con el periodo sin medidas de aislamiento podemos observar que hubo un 31 por ciento menos de denuncias en el periodo de ASPO/DISPO”, agrega el colectivo.

“Esto se debe a lo que escuchamos muchas veces en este tiempo, las víctimas y sus familiares se acercan a denunciar situaciones de violencia a las fuerzas de seguridad y éstas no quieran tomárselas con la excusa de que no se toman denuncias por el Covid-19 o porque es fin de semana. Así, estas víctimas no son escuchadas y, lo que es peor, son doblemente violentadas, esta vez institucionalmente. Además, durante este año pudimos ver cómo las fuerzas de seguridad estuvieron al servicio del patriarcado en diferentes casos, como el de Florencia Magalí Morales que fue detenida presuntamente por violar la cuarentena en San Luis y fue hallada sin vida en la comisaría, o el caso de la represión a amigxs de Úrsula Bahillo cuando pedían justicia y denunciaban las complicidades dentro de la Policía y la protección que le brindaban al femicida”, se agrega.

A esto apuntan: “El porcentaje de femicidas pertenecientes a fuerzas de seguridad creció un 32 por ciento, siendo estos policías, militares y gendarmes. Estos agresores muchas veces son protegidos y sostenidos por la institución a la que pertenecen y aun teniendo denuncias de violencia siguen portando armas de fuego”.

La Justicia tampoco se quedó atrás en la desprotección. Según reflejan los medios de comunicación, en comparación con el mismo periodo 2019/2020 durante el año de ASPO/DISPO se otorgaron 20 por ciento menos de medidas de protección. Esto deja en evidencia a un Poder Judicial que no quiere abandonar sus prácticas machistas y se rehúsa a formarse en perspectiva de género. En este año hemos conocido femicidios como el de Paola Tacacho en Tucumán, quien le había realizado más de 13 denuncias a su agresor, Mauricio Parada Parejas, y le habían otorgado una orden de restricción de acercamiento que el femicida incumplía sistemáticamente. El juez Francisco Pisa del Juzgado de Instrucción III, donde tramitaban esas denuncias, dictó el sobreseimiento porque consideró que no había pruebas de que el autor de estos hechos fuera el acusado, y opinó que continuar con el proceso iba a ser "un dispendio jurisdiccional innecesario". “Este accionar de funcionarixs de seguridad y judiciales desprotege, revictimiza y desalienta a las mujeres a salir de situaciones de violencia y denunciar. No podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo, por eso decimos que el Estado es responsable”, afirma el colectivo.

“En este escenario en el que la violencia no deja de ser protagonista todos los días, seguimos exigiendo más capacitación en perspectiva de género para lxs funcionarixs de todos los poderes del Estado, en particular al Poder Judicial y las Fuerzas de Seguridad. Necesitamos una reforma judicial feminista para que se deje de violentar institucionalmente a mujeres y LGBTI, se las escuche y acompañe, para que se tomen medidas con perspectiva interseccional, para que rompan con los pactos de machos y las complicidades patriarcales que protegen a los agresores. En pocas palabras para que sí protejan a las víctimas”, se denuncia.

Asimismo, señalan que ven “con preocupación cómo algunos medios siguen cubriendo la violencia machista y las diferentes desigualdades que nos atraviesan. El caso de M dejó expuesta la estigmatización y la violencia mediática que diariamente vivimos mujeres y LGBTI, donde una mujer es culpada por el secuestro de su hija y calificada de “mala madre”, al mismo tiempo que ella y su hija están siendo vulneradas en sus derechos. Es fundamental una formación en perspectiva de género en los medios de comunicación y una mayor participación de mujeres y LGBTI feministas, porque desde los discursos se reproducen los actos de violencia machista menos visibles pero que sostienen los femicidios. Comunicar es una responsabilidad y tenemos derecho a informarnos con igualdad y sin violencia”. 

Por último, resaltan “la urgencia del compromiso social contra la violencia machista, sobre todo de los varones para que se interpelen entre ellos, cuestionen sus prácticas machistas y comiencen a transformarlas rompiendo las complicidades. Así como reducir los contagios es responsabilidad de todxs, frenar la violencia machista también, actuemos en consecuencia”.

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