En sus anuncios, Capitanich estuvo acompañado por la vicegobernadora, Analía Rach Quiroga; la ministra de Seguridad y Justicia, Gloría Zalazar; el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña, el director del Servicio Penitenciario, Juan Pedroza y subsecretarios.

“Damos un paso fundamental al permitir el derecho de asociación al personal con el objeto de que ejerzan legítimamente reclamos referidos a política salarial y condiciones de trabajo”, dijo Coqui.

“Lanzamos el Proyecto de Ley de Derecho de Asociación de las Fuerzas de Seguridad. Una iniciativa para regular y propiciar la representación de las fuerzas de seguridad ante el Poder Ejecutivo en materia de salario, condiciones de trabajo y defensa de intereses profesionales”, explicó a través de sus redes sociales.

Y agregó: “Esta Ley regulará la posibilidad de hacer oír sus reclamos y garantizar el desarrollo del servicio policial. Los trabajadores y trabajadoras podrán realizar reclamos en forma activa y programada, en determinados días habilitados para no afectar la esencialidad del servicio”.

Con el proyecto de Capitanich “se crea la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo como único ámbito de discusión de los intereses profesionales del personal policial y penitenciario ante el Poder Ejecutivo Provincial”.

“Con este proyecto de ley construimos un modelo innovador de representación de los intereses profesionales de trabajadores y las trabajadoras de las Fuerzas de Seguridad. Queremos garantizar fuerzas de seguridad de alta calidad al servicio de la comunidad”, aseveró.

Puntos sobresalientes del proyecto

Los trabajadores y trabajadoras podrán realizar reclamos en forma activa en periodos o intervalos de tiempo que no exceden el término de quince (15) minutos por día, con un intervalo de tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) minutos en la semana, debiendo ser programados a fin de no afectar la esencialidad del servicio.

Se crea la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo como único ámbito de discusión de los intereses profesionales del personal policial y penitenciario ante el Poder Ejecutivo Provincial. La misma sesionará en reunión plenaria dos veces al año, y el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá informar y notificar las fechas de sesión.

Dicha Comisión estará conformado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el cual ejercerá la presidencia, la Defensoría del Policía, representantes del personal policial y penitenciario, electos por voto secreto, libre y obligatorio, quienes durarán un año en sus funciones y no podrán ser reelectos y los Directores de Administración de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social.

A los efectos de la representación ante la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo se autorizará la creación de:

• Una asociación civil representante del personal de la Policía de la Provincia del que revistan categoría de activos

• Una asociación civil representante del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia del Chaco que revistan categoría de activos.

Estas asociaciones deberán contar con personería jurídica y elegirán representantes por voto secreto, libre y obligatorio, durarán un año en sus funciones y no podrán ser reelectos.

Los representantes deberán:

a) Estar asociados según su actividad

b) Tener al menos cinco años de antigüedad en su institución

c) No estar encuadrados bajo las fuerzas de seguridad

d) No contar con antecedentes disciplinarios en el transcurso de su carrera

e) No hallarse imputado y/o condenado en causa penal

f) Ser electos por la asociación correspondiente

Función:

a) Tienen la obligación de participar en todas las sesiones

b) Podrán expresarse con total franqueza intelectual, teniendo en cuenta siempre su condición de policía o penitenciario y el necesario respeto

c) Deberán guardar con confidencialidad, respecto de la información a la que accedan en el ejercicio de sus funciones.

d) No podrán manifestarse públicamente con armas y uniformes, ni obstaculizar el normal desarrollo de las actividades

La organización jerárquica y vertical de las fuerzas de seguridad no debe inhibir ni contradecir la deliberación democrática y participativa que debe preceder a las decisiones y guiar la acción de las asociaciones profesionales.