Durante la sesión se conformó la Comisión de Poderes, integrada por los diputados Carlos Salom, Samuel Vargas, Zulema Wannesson, Sebastián Benítez Molas, Magda Ayala y Katia Blanc, aceptó la renuncia de Ferro y, habiendo analizado la habilidad cumpliendo los requisitos establecidos en la Constitución Provincial, resolvió la incorporación al cuerpo de Edgardo Reguera.

Si bien, desde la gestión y el propio Ferro intentaron explicar la situación y negar la “testimonialidad” de su candidatura y elección como legislador provincial, la ciudadanía le marcó como un error la decisión de no asumir su banca en la Legislatura y seguramente llevará tiempo para mejorar su imagen luego del traspié.

Como si esto fuera poco para “restar porotos”, un hecho sin precedentes en la provincia se registró este jueves cuando la plana mayor de la Policía del Chaco y del Ministerio de Seguridad estaban en el Polígono policial de Colonia Benítez para presenciar la quema de tres toneladas de marihuana y 80 kilos de cocaína.

En ese contexto, siete efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos fueron arrestados por robar droga de dicho operativo y quedaron a disposición de la Justicia Federal. La carga que se destruyó fue valuada en 1.200 millones de pesos.

"En relación con los hechos ocurridos, esta institución policial considera oportuno informar a la comunidad los avances y medidas adoptadas de manera inmediata: siete efectivos policiales se encuentran detenidos y a disposición de la Justicia Federal, en el marco de una investigación que se desarrolla bajo la órbita de las autoridades judiciales", comunicaron desde la fuerza.

Además, el Órgano de Control Institucional (O.C.I.) inició de forma inmediata el sumario administrativo correspondiente, con el objetivo de determinar las responsabilidades administrativas y disciplinarias que pudieran corresponder a los agentes involucrados; y se dispuso de forma preventiva la separación del servicio de la totalidad de los efectivos involucrados, así como la retención de haberes, conforme a lo establecido por la normativa vigente, hasta tanto se resuelva su situación administrativa y judicial.

Claramente, esta mancha en el operativo de quema provoca un descreimiento total en la fuerza policial que, con estos gestos de detención y separación de los efectivos, intenta demostrar a la ciudadanía que no va a permitir este tipo de situación, que golpean a la credibilidad de la institución.

Por consecuencia, este golpe también resuena en las filas del gabinete provincial, que si bien nada tiene que ver en cuanto a responsabilidades, le da la derecha a los detractores del gobernador Leandro Zdero y sus colaboradores para utilizar estas situaciones y convertirlas en críticas de turno, las cuales no tienen otra solución distinta a las que ya han sido aplicadas hasta el momento.