En ese marco, destacó que la provincia ya abonó más de 200 millones de dólares de deuda heredada y que se gestionan mecanismos de refinanciación para compromisos futuros.

Entre los anuncios más relevantes, el mandatario adelantó el envío de un proyecto de reforma constitucional para garantizar estabilidad jurídica a grandes inversiones, en línea con el régimen nacional de incentivo a inversiones, así como también una nueva Ley de Incentivo a las Inversiones que reemplazará el actual esquema de promoción industrial.

Entre todos los puntos relevantes del discurso, finalmente, el gobernador convocó a los distintos sectores políticos, sociales y productivos a trabajar de manera conjunta para consolidar el crecimiento de la provincia y sostuvo que el objetivo es construir un Chaco con más oportunidades, inversión y desarrollo para los próximos años "hemos transitado 2 años intensos, de decisiones difíciles, de reconstrucción y de avances concretos. Sabemos que hicimos mucho, pero también somos plenamente conscientes de que falta mucho por hacer. Gobernar no es administrar inercias, es animarse a cambiar realidades, y ese proceso exige tiempo, constancia y, sobre todo, una comunidad dispuesta a caminar en la misma dirección".

Y sin dejar pasar tiempo, el Ejecutivo puso sobre la mesa en debate un proyecto que posiblemente caerá muy bien en la ciudadanía, más allá de que ya generó una reacción en los representantes gremiales, que levantaron la voz y aseguraron que generará convocatorias y medidas de fuerza.

El proyecto de ley propone modificar el régimen de licencias gremiales vigente en la provincia, planteando que las licencias para representantes sindicales sean sin goce de haberes, de manera que el Estado deje de asumir el pago del 100 por ciento del salario mientras dure la licencia, sosteniendo el respeto de los derechos de los representantes sindicales, garantizando la antigüedad, la reserva del puesto de trabajo y el cargo, tal como establece la legislación nacional de entidades sindicales.

El ministro de Gobierno, Julio Ferro, acompañado por el jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker; el vicepresidente Carlos Salom y el diputado Adrián Zukiewicz, defendió la iniciativa y aseguró que se trata de “una medida razonable” que permitiría un ahorro aproximado de 200 millones de pesos por mes para el Estado provincial, apuntando especialmente al ámbito educativo y al de la administración pública.

Obviamente, la propuesta toca fibras sensibles, pero que generaría un clima de satisfacción en el vecino común que diariamente se queja de los eternos gremialistas a los que se los ve rasgarse las vestiduras según el color político que gobierno y según la definición que tome el gabinete; y que ya usó minutos de aires en algunos medios para reclamar esta propuesta, adelantando un plan de lucha para que no los toquen.