El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager, ya resolvió la semana pasada avanzar con este proceso de abandono de las dependencias del anexo de calle Güemes, luego de comunicar a los distintos directores de las áreas parlamentarias que el nuevo edificio al que serían trasladados sería el de Marcelo T. de Alvear y Pueyrredón, donde funcionó durante muchos años la delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Durante esta semana el titular legislativo firmó un acta de compromiso con las autoridades del NBCH y la gremial bancaria que establece un plan de desalojo de las instalaciones. Uno de los pisos tiene que estar liberado para la primera quincena de mayo del año en curso y la desocupación completa de los restantes pisos como máximo el próximo 30 de junio. Lo extraño de todo este proceso es la celeridad con la que se produjo un acuerdo que venía complicado desde hace año y que las distintas administraciones legislativas siempre pudieron esquivar con facilidad gracias al apoyo político de los gobiernos de turno, que nunca apretaron el pie a fondo en el acelerador para darle una solución definitiva a los graves problemas edilicios que tiene el Poder Legislativo.

¿Negocio para todes?

El acuerdo logrado esta semana al parecer beneficia a todas las partes, pero no al Poder Legislativo que tendrán que destinar un alto presupuesto para poner en condiciones dos edificios que puedan albergar todas las dependencias que serán desalojadas del NBCH. Uno de los nuevos edificios que serán ocupados por los diputados será el que utilizaba la ANSES frente a Casa de Gobierno, donde funcionarían las áreas parlamentarias, la mesa de entradas y en donde se instalaría la gran parte de los diputados del radicalismo.

NOVA pudo saber que para toda la puesta a punto de las nuevas dependencias, se utilizaría a empresas privadas del ámbito local. Esta tercerización de los servicios que ya posee la Cámara de Diputados generó gran malestar a los trabajadores legislativos que se sintieron totalmente excluidos de un proceso al que consideran injusto y definido con sumo hermetismo. Nadie entiende por qué se dejan de lado a las direcciones de Comunicaciones y de Logística en el traslado de las oficinas parlamentarias e instalaciones de las redes informáticas de las nuevas dependencias, en las que ni siquiera se recurriría a la empresa Ecom Chaco que generalmente se encarga de este tipo de servicios.

¿Qué sectores o qué actores se verán beneficiados con esto? Solo el tiempo lo dilucidará

Por otro lado, en lo que refiere al posible negocio inmobiliario, desde los pasillos del NBCH festejaron la resolución del conflicto que no solo permitirá mayor comodidad para los trabajadores bancarios de la casa, sino que también permitiría la concreción de extraordinarios “kioscos” con el alquiler de edificios para poder albergar al grueso de las oficinas privadas de los distintos diputados provinciales.
Se pudo saber que el otro edificio seleccionado por la Cámara de Diputados, cuya ubicación se encuentra inmersa en un profundo secreto, sería propiedad de la “corporación” bancaria y dejaría grandiosas ganancias en conceptos de alquiler. Se hablan de cifras superiores, inclusive, a lo que la Legislatura supuestamente tenía que pagar por los tres pisos de la calle Güemes y que hace años no cumplía. Evidentemente Hugo Sager tendrá que romper el chanchito para poder afrontar estas amplias obligaciones que se sumarán con el inminente traslado y puesta punto de las nuevas locaciones.

La versión del “chivo expiatorio”: el gustavismo…

Para intentar justificar este apresurado acuerdo e inminente traslado costoso de las oficinas legislativas, desde el círculo íntimo del titular legislativo y del gobernador Jorge Capitanich quisieron instalar de que este conflicto se encuentra siendo fogoneado por el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, como parte de una estrategia de desestabilización de Sager y como vendetta por la paralización del proyecto del nuevo edificio legislativo impulsado durante la gestión de Elida Cuesta. Este operativo de camuflaje seguramente forma parte de la misma mesa de negociación que permitió llegar a un arreglo con la gremial bancaria y tiene como único fin tratar de tapar el bosque con una mano.

Sin dudas lo que se busca con este chivo expiatorio es desviar la atención para que la sociedad, y sobre todo los trabajadores legislativos, no presten atención a los altos costos que demandará una movida de tal magnitud y que seguramente se duplicarán por las complicaciones que genera la pandemia de coronavirus. Lo que sí queda claro, es que todos los sectores saldrán ganando algo gracias a los kioscos generados en tiempos de COVID.