"Ingresan a las viviendas rompiendo puertas y ventanas. Te roban, matan los perros. Recibí un balazo en el rostro en uno de los últimos ataques el año pasado, me tiraron por una ventana", relató la vecina. Tampoco dejó de mencionar que "todos los días pasa algo. Hay policías vecinos lastimados. La policía no puede actuar porque no le permiten. En este último incidente había mucha gente; rompen la plaza, los bancos, tiran ladrillos, botellas. Hacen desastre".

Sus vecinos del barrio 100 viviendas, lindante con el 134, manifestaron que siempre han convivido y que no tuvieron problemas. Pero todo eso cambió. "Instalaron un barrio nuevo al costado y desde ese momento nuestra vida es de terror", aseguró uno de los vecinos.

Al ser consultada sobre los motivos del ataque, una de las vecinas manifestadas mencionó: "En principio no sabían qué querían, pero después escucharon que esas tierras son de ellos. Nosotros no tenemos la culpa de vivir ahí. Que le reclamen al Gobierno que fue el que construyó esas viviendas ahí".

Según se quejaron, "el gobierno tanto provincial como municipal y los Derechos Humanos apoyan a los vándalos y no a nosotros, que vivimos trabajando". Además, mencionaron que la mayoría de los incidentes en los barrios son provocados por menores de edad, quienes se ven apoyados por sus padres.

Respecto al accionar policial, comentaron que "no les dejan actuar": "Ellos son dueño de todo, rompen todo", afirmó y recordó que, el año pasado, los vecinos tuvieron que rescatar a un agente tras haber sido atacado por casi 20 jóvenes. "Les tiran con todo, botellas con nafta prendida, envenenan a los perros", aseguraron.

Tras los incidentes ocurridos el pasado viernes 26 de febrero, donde la policía detuvo siete personas de la comunidad aborigen y éstos los denunciaron por supuesto abuso policial y tortura, se realizaron una serie de reuniones para tratar de llegar a una solución.