Tal lo publicó NOVA, este grupo se presentaron ante la Justicia interponiendo una medida cautelar de no innovar, en los términos del artículo19, de la Constitución de la Provincia del Chaco, y artículo 43 de la Constitución Nacional, contra el Gobierno de la Provincia del Chaco y/o el Ministerio de Salud Pública del Chaco ambos con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear 145, y/o Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, con domicilio en calle Bosch 99, y/o quien resulte responsable, con la finalidad de que “se ordene la la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación en el territorio de la provincia del Chaco de la Ley 27.610, hasta tanto se resuelva la acción principal sobre el pedido de inconstitucionalidad de la norma en cuestión”.

Fundan su petición en el derecho que les asiste y en las normas constitucionales vigentes, por lo que la jueza (ahora de licencia), dictó una resolución favorable el pasado jueves 28 de enero por la cual se suspende en la provincia la aplicación de la Ley 27.610 -que regula en todo el país el aborto legal y gratuito.

Los que propiciaron esta media, indican que “fue suficiente este acto jurídico emanado del Poder Judicial para que varios funcionarios nacionales y particularmente la senadora María Inés Pilatti Vergara así como la diputada nacional Lucila Masín, se dirigieran con improperios y calificativos agraviantes hacia la investidura de la jueza Aucar de Trotti y con ataques directos hacia su persona. Aún a sabiendas que tienen a su alcance los medios jurisdiccionales correspondiente y pendiente de resolverse aún la acción de amparo presentada por los accionantes”.

Se cita además, que por otra parte, se denuncia a la jueza por supuesto "prevaricato". En ese sentido indica que esa denuncia “seguramente no prosperará, ya que el colectivo abortista utilizó la misma estrategia en Santa Fe en 2012 ante una medida cautelar favorable que frenó transitoriamente el protocolo de abortos no punibles, presentada en un juzgado a cargo del juez Claudio Bermúdez de la ciudad de Santa Fe; y dicha sentencia fue desestimada por no configurar tal delito (https://lt10.com.ar/noticia/64658--Denuncian-por-prevaricato-al-juez-Berm%C3%BAdez)”. “En razón de ello es que vemos conductas similares, todas ellas tendientes a amedrentar a los jueces que entienden en las causas a fin de presionarlos para que dicten sólo las sentencias que favorezcan a las pretensiones de quienes desde hace varios años impulsan la legalización del aborto en nuestro país”, agrega el grupo representado por Guirado.

“Ante esta situación, y considerando que son hechos graves que afectan la función e investidura de los jueces, así como la independencia del Poder Judicial, fueron muchas las voces provenientes de profesionales del derecho, Colegios profesionales de abogados, ex magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial y gran parte de la ciudadanía, no sólo de nuestra provincia sino desde distintos puntos del país, los que repudiaron estos hechos que pretenden amedrentar y presionar a los jueces, violando con ello un principio básico del sistema Republicano de gobierno que es la independencia de los poderes del Estado; y en este caso se está afectando directamente la independencia del Poder Judicial, lo cual configura un hecho grave para la vida y las instituciones democrática de los argentinos”, agregan.