Los policías acusados por la muerte de Leandro Bravo quedaron en libertad
Este viernes, un Tribunal Colegiado de la Cámara Criminal de Charata por unanimidad votaron rechazar el pedido de prórroga de la prisión preventiva solicitado por la fiscalía de Derecho Humanos y ordenó la inmediata libertad de los policías Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez, quienes estaban detenidos en Concepción del Bermejo desde hace dos años.
El abogado César Collado, explicó: "Por unanimidad un tribunal colegiado rechazó el pedido de prórroga de la fiscal de Derechos Humanos, Silvia Sluzar y se ordenó la inmediata libertad que se está efectivizando en este momento. Vamos a llegar al juicio oral y público con los efectivos en libertad, donde se va a ventilar el armado de esta causa, el robo de pruebas, el ocultamiento o sustracción deliberadas ya sea por acción o por omisión de diez fotos de primera autopsia", acusó el abogado Cesar Collado.
Sobre la causa dijo que en el juicio van a demostrar "todo y cada uno del armado de la causa, y van a salir caminando los policías porque no hay duda que son inocentes, nunca lo tocaron a Bravo", sostuvo.
El abogado había recusado a la fiscal de Derechos Humanos Silvia Sluzar pero el planteo para apartarla del caso no prosperó. La jueza de Garantías de Charata, María Julieta Liva, rechazó la recusación porque consideró que no cumplía con lo que exige el Código Procesal Penal.
Cabe recordar que el 26 de febrero de 2022, Leandro Bravo falleció en Charata después de ser detenido por uniformados bajo la acusación, según la versión inicial oficial de la Policía del Chaco, de haber ingresado a robar a la casa de una vecina. Según el relato proporcionado por la fuerza, Bravo sufrió una descompensación en las instalaciones de Medicina Legal y posteriormente falleció.
Sin embargo, la versión oficial rápidamente fue desmentida por una de las testigos del hecho que dijo: "Fueron 3 policías los que le pegaron mucho a Leo". La mujer que denunció el robo también desmintió la versión oficial y discrepó con la misma respecto al procedimiento policial. Todo esto desató la intervención del Órgano de Control Institucional.
El caso de Bravo volvió a tomar relevancia cuando el pasado mes de febrero, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, visitó a los agentes detenidos, lo que significó un giro institucional.
Hasta ese momento, la cúpula de la institución se había mantenido al margen y desde la Secretaría de Derechos del Gobierno anterior se habían constituido en querellantes en la investigación.
El objetivo principal de aquella visita fue brindar apoyo y acompañamiento tanto al personal detenido como a sus familiares, quienes expresaron su deseo de que la causa no llegue a juicio "por falta de pruebas".
