Una mamá biológica, cargada de hijos, sin recursos económicos para sustentar tantas bocas, una vivienda por demás precaria y recursos menos que limitados, tiene el buen tino de una señora amiga, conocida de ella, también conocía a la familia de esta y decidió que quede al cuidado y amparo de sus niñas -esto desde antes que las bebés nacieran-. En octubre de 2016 nacen A. y su hermanita G. en enero de 2018, firmando el consentimiento permanente ante la presencia del abogado de la familia Gamarra, por aquel entonces el doctor Aldo Sánchez.
El letrado pidió todos los papeles concernientes a las menores, pero jamás llamó a la familia Gamarra para firmar el cuidado parental y la homologación de la guarda, como si había sucedido en el caso previo con la hermanita concedida en guarda a Alejandra Gamarra. Luego de esperar hasta casi los 2 añitos de la niña que aún no tenían noticias de las tramitaciones que tenía a su cargo Sánchez, quien trató de ser contactado por todos los miembros de la familia Gamarra y jamás medió una palabra nada al respecto sumiéndolos en la desesperación de no saber qué hacer pues le habían explicado a ellos esas preciosas vidas y ellos al profesional el doctor Aldo Sánchez. Una situación tan sensible como esto que es la vida de las niñas que desde su día primer día de vida, ambas nacieron en el Hospital Perrando, estuvieron con la familia Gamarra.
Ante esta situación con casi dos años sin novedades del letrado y desesperada por respuestas, Alejandra concurre a la comisaría de La Verde donde residían para dejar asentado que habían hecho lo humanamente imposible para contactar a Sánchez y no obtenían respuesta de su parte y necesitaban saber en qué situación legal estaba la guarda de las niñitas, tiene la malísima suerte de toparse con un oficial inexperto que lo único que se le ocurrió hacer fue contactar a la Línea 102 central en Resistencia. El oficial no preguntó, ni siquiera se le pasó por la cabeza que Alejandra iba en busca de respuestas sin nada que ocultar ni manejos turbios detrás, no obstante este agente llamó al 102 estableciendo así un protocolo para “menores de edad en riesgo”, nada más alejado de la realidad ya que las niñas vivían como princesas rodeadas de amor, familia, cariño, amigos, rutonas saludables y sus guardianes de amor conteniéndolas y acompañando su crecimiento.
En ese mismo momento, delante del agente que solo él y Dios saben que lo llevó a dar intervención a Desarrollo Social, Alejandra recibe una llamada del representantes de la línea 102 solicitándole que se presente el 6 de octubre de 2019, entre las 14 y las 15, en la sede de avenida Sarmiento 1670 de Resistencia, comprometiéndose a asistirla, guiarla y asesorarla.
Ni bien Alejandra, obrando de buena fe y con el pecho cargado de angustia por la incertidumbre que les producía el mutismo y la ausencia del letrado Sánchez y temiendo porque peligrara la felicidad y buena vida que llevaban A y G en el seno de la familia que las vio nacer literalmente, se presentó en la sede de avenida Sarmiento 1670 se le acerca de manera feroz y maliciosa la señora Mónica Avalos constituida como "representante legal de la menor A.M" arrancándole así de las manos a Alejandra la carpeta que ella poseía con toda la documentación concerniente a las pequeñas, la vida entera de ellas estaba allí y sin ningún descaro Avalos trata a Alejandra Gamarra de “delincuente” diciéndole, sin ninguna documental respaldatoria a la fecha, que ella y su familia “habían comprado a las niñas”. El ataque que recibió Alejandra fue feroz, ella fue en busca de la respuesta y asistencia comprometida en el llamado telefónico que recibió a su línea y estaba inmersa en la peor de sus pesadillas; y esto recién comenzaba…
Avalos prepotentemente y aprovechándose del estupor en el que estaba sumida Alejandra le arrebata el DNI de la menor de edad A. donde figuraba que ella era su guarda. L e informa también que “desde ese momento” estaban “excluidas” de la vida de las menores de edad, acentuando el trato de “delincuente” y seguían con la afirmación maliciosa y siniestra que “habían comprado las niñas”. De ser así... ¿si las hubieran comprado como con tanta vehemencia y tenacidad argumentaba Ávalos, las menores hubiesen conservado el apellido biológico materno? ¿Hubiera recurrido Alejandra Gamarra o alguien de la familia a algún ente oficial?
Avalos aduciendo esto, y más que las niñas fueron entregadas de forma directa o sea “sin mediar la Justicia”, cosa que no es cierto, y que la línea 102 a través de su intervención ponía a las niñas a "resguardo", ordena que se presente un móvil perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Social de Niñez y Adolescencia para ir hasta el domicilio de las menores de edad en La Verde “para retirarlas de manera inmediata” de su seno familiar. Este atropello fue rechazado de plano por Alejandra que fue despojada por Avalos de la documentación que de buena fe aportó, y del DNI de una de las niñas.
A Avalos ni a nadie, ni un alma del organismo que está para "cuidar y velar por los intereses de las menores de edad" les importó, ni siquiera repararon en el daño psicológico, físico y emocional que su accionar dictatorial representaría para las dos niñitas, inocentes y solo rodeadas por amor, una familia bien constituida, con prima, hermanos, papá, mamá, tíos, primos y abuelos que las vieron crecer y acompañaron cada uno de sus progresos hasta ese fatídico momento en que Avalos se pone al hombro la "causa de tratar como delincuentes apropiadores a la familia Gamarra" y exige ya en La Verde que dos personas de sexo masculino retiren a las pequeñas del domicilio, acto al que Alejandra se opone de manera firme y tenaz. Entonces envían luego a una persona de sexo femenino y otro masculino a cumplir el objetivo de destruir una familia y comenzar el peregrinaje de dos almas inocentes que iban a ser despojadas de todo y todos cuanto conocían desde que abrieron sus ojitos al mundo.
