En la votación nominal, el proyecto recogió 19 votos positivos de diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, del CER y de Juan Carlos Ayala (PJ), que aprovechó la sesión para emitir una opinión contra la actitud de “Coki” de querer decidir a más de 1300 kilómetros los destinos de la provincia, y Juan José Bergia (NEPAR). En tanto, para que el proyecto vuelva a cartera votaron nueve legisladores del Frente Chaqueño y el Frente Integrador; mientas se abstuvieron cuatro diputados justicialistas: Atlanto Honcheruk, Josefina González, Rubén Guillón y Nicolás Slimel.

Obviamente, desde el Gobierno provincial salieron al cruce de la decisión de los legisladores de la oposición y aseguraron que fue un golpe severo para los chaqueños, quienes, según el propio gobernador, sufrirán aún más durante el verano debido a la falta de inversión en energía. “Fuimos víctimas de un nuevo golpe, donde la especulación y la cobardía política le ganaron a la posibilidad de encontrar soluciones que los chaqueños esperan hace mucho tiempo”, sentenció.

A su vez, Zdero lamentó que la oposición siga oponiéndose al desarrollo del Chaco por razones partidarias, insinuando que su rechazo al crédito obedece más a un resentimiento por haber perdido las elecciones que a una verdadera preocupación por la provincia. “Los mismos que votaron en contra de los chaqueños para que haya un colapso energético son quienes dejaron una deuda de 300 mil millones de pesos en la empresa Camesa”, afirmó.

Pero la “respuesta” a todo esto, por casualidad o no tanto, se dio casi de inmediato. Ya que la Justicia provincial, por medio del Equipo Fiscal Especial compuesto por Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís De Obaldía Eyseric y Víctor Recio, dispuso la detención de ex funcionarios de la gestión de “Coki”, Mauro Andión y María Laura Moreno, por estar imputados en los delitos de violación de los deberes de funcionario público y partícipe necesario de fraude contra la administración pública.

La investigación saca a la luz maniobras cometidas en el marco de convenios celebrados con organizaciones sociales (asociaciones civiles, cooperativas y fundaciones) con el ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), afectando fondos públicos provinciales, obras que en su mayoría no fueron ejecutadas en un 10 por ciento en relación a los fondos percibidos por las organizaciones sociales.

Quizás los hechos no estén directamente vinculados, pero el “morbo público” hace creer que de haberse aprobado el proyecto de emergencia en la Legislatura, la Justicia podría haber pateado para más adelante las actuaciones en el marco de la investigación; lo que hace también pensar que podrían no ser las únicas detenciones de ex funcionarios. ¿Por qué? Se viene la disputa por el Presupuesto 2025…