La justicia volvió a ordenar la reincorporación de las trabajadoras municipales de Corzuela
En un nuevo fallo judicial a favor de las trabajadoras de la municipalidad de Corzuela, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló suspender los efectos de la resolución irregular y arbitraria del intendente Rafael Carrara y la ordenanza del Concejo Municipal, y reincorporar a las afiliadas de ATE Chaco a sus puestos de trabajo.
Cabe recordar que el jefe comunal fue declarado en rebeldía por la Justicia debido a sus reiterados incumplimientos ante lo dictaminado en tribunales. Hasta tanto se resuelva la causa judicial principal, esta disposición deja sin efecto la ordenanza aprobada en enero a través de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la localidad, convocada en su oportunidad para tratar exclusivamente el despido de las trabajadoras que se encuentran en litigio con la Municipalidad.
“La Cámara en lo Contencioso Administrativo, reconociendo el derecho de las trabajadoras, suspendió de modo cautelar la ordenanza municipal que aplica la exoneración y ordenó la inmediata reincorporación de las trabajadoras en condiciones laborales dignas. Este fallo significa un avance para la justicia chaqueña porque ratifica la existencia de una República y la necesaria independencia de los poderes del Estado, demostrando que debe respetarse la dignidad y los derechos de las y los trabajadores. Esperamos, que el intendente, esta vez, cumpla con lo ordenado por el fallo judicial, porque únicamente así se hará justicia”, explicó la abogada Ivana Balberdi.
“El Ejecutivo Municipal aprovechándose de la vulnerabilidad de las trabajadoras las ha venido sometiendo a un proceso administrativo irregular, arbitrario y parcial en el que no se han respetado las normas del debido proceso legal ni las más elementales normas constitucionales. El único objeto era disponer su injusta exoneración como represalia por la denuncia de violencia laboral y de género radicada en su contra”, sostuvo.
La profesional agregó: “En este camino, existe una medida judicial de amparo que ordena el pago de los haberes de las trabajadoras, sin embargo, la municipalidad de modo arbitrario y caprichoso se niega a cumplir, pese la imposición de multas. Estos mayores gastos y costas judiciales generan al pueblo de Corzuela innecesarios costos que algún día deberá afrontar”, agregó.
El proceso judicial entablado ya posee tres fallos a favor de las trabajadoras. “Carrara hizo cómplice al Concejo de sus arbitrariedades, de su violencia de género e institucional, de su desmanejo en la política y en la economía de Corzuela. Involucró a los ediles para desligarse de responsabilidades”, expresó por su parte el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco), Mario Bustamante.
Carrara acumula denuncias por violencia laboral, psicológica y persecución política, agravada por razones de género, contra las trabajadoras municipales nucleadas en el sindicato. “La violencia institucional que Carrara, junto al equipo que le responde, ejercieron sobre las trabajadoras les ha causado un enorme daño físico, emocional y psicológico, además de económico. Hay un claro ensañamiento político y de género contra las compañeras”, agregó Bustamante.
