La gestión actual ataca los incendios que dejó la saliente y prepara denuncias judiciales
Desde el pasado 9 de diciembre, y ese mismo domingo por la mañana siguiente, el gabinete del gobernador Leandro Zdero emprendió un camino de relevamientos, reuniones y auditorías que permitan dar con un análisis sobre la situación en el que recibieron el Estado provincial, además de tener un diagnóstico pormenorizado de cómo se encontraban los diferentes edificios, parques automotores y el funcionamiento general de cada ente o ministerio.
A las denuncias públicas por la deplorable situación edilicia del subsuelo de Casa de Gobierno o los dispositivo de contención “Mirame”, se le sumaron las muestras de abandono que marcan las carrocerías del parque automotor de todas las áreas o la baja de 500 líneas telefónicas que eran utilizadas por ex funcionarios y abonadas con la plata del pueblo.
Además, un sinfín de presentaciones judiciales también pusieron en marcha el plan de controlar minuciosamente la situación en la que se dio el traspaso de mando, como para sacar a la luz el efecto que habría provocado el “operativo retirada”, que había emprendido la gestión saliente de Jorge Capitanich desde la derrota del 17 de septiembre último.
Pero el primer impacto fuerte fue la intervención del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), ente que se encontraba a cargo de Mauro Andión (hombre del riñón de “Coki”), y que durante su mandato había recibido muchas críticas por desmanejos y desaires a diversos sectores productivos, llevando “agua para su molino” con acuerdos para beneficiar solo ciertas organizaciones sociales.
A partir de la designación de la escribana Clelia Avila, Zdero puso en marcha un proceso de intervención, que determinará una auditoría con profesionales y entes independientes que puedan arrojar un análisis real de lo que provocó la gestión de Capitanich, en la persona de Andión, con posibles deudas y desvíos de fondos en el ente autárquico.
Pero por si esto fuera poco, en una semana muy tensa también a nivel nacional, por el anuncio de movilizaciones contra las políticas nacionales y en conmemoración de un nuevo aniversario del 20 de diciembre de 2001, la posible aplicación del nuevo protocolo “anti piquetes” que se anunció en la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación, al cual la provincia se adhirió, podría haber generado un conflicto social a pocos días de haber asumido las nuevas gestiones.
Pero, por lo menos en la provincia, la movilización y aplicación del protocolo se logró llevar con total normalidad. Claro está, con algunas modificaciones a la planificación original que se tenía de ambas partes, pero llegando a buen puerto. Las organizaciones participantes de la marcha cedieron una parte y no concretaron la movilización hasta Casa de Gobierno, sólo llegando hasta la Plaza España de Resistencia, mientras que desde la Policía del Chaco permitieron el tránsito por la calle en algunas cuadras, sin enfrentar ni generar descontento social.
Primer gran examen superado ante una amenaza de estallido social, pero que luego se vio reflejado con un “cacerolazo” poco concurrido en la capital, que sólo intento ser una réplica del descontento nacional por las políticas anunciadas por el presidente Javier Milei.
