La crisis en empresas y el subsidio al transporte público, un nuevo conflicto para el Estado
Cuando las precipitaciones, inundaciones y las altas temperaturas con sus cortes de energía parecían acaparar la atención en el inicio del 2026, el transporte público de pasajeros y sus trabajadores se llevaron todas las miradas, producto de que la falta de pago ante la crisis en el sector empresarial provocó nuevas medidas de fuerza, dejando sin servicio el cierre de la semana.
El año había comenzado ya con la noticia de que la gestión del gobernador Leandro Zdero definió aportar más de 1800 millones de pesos mensuales en concepto de subsidios, para sostener el sistema de transporte público y que la tarifa no impacte de manera directa en el bolsillo de los usuarios.
Ante ello, tras las audiencias públicas llevadas a cabo los días 10 y 12 de diciembre de 2025, y los debates entre los equipos técnicos de la Subsecretaría de Transporte y de las empresas concesionarias del servicio, coincidieron en una Tarifa Técnica de 2936 pesos, con lo cual la diferencia (en subsidios mensuales) para reducir el monto a 1885 pesos, la aporta el Gobierno provincial, con un 40 por ciento de aumento respecto del aporte anterior.
A pesar de esto, el conflicto no se destrabó, las empresas no lograron abonar los sueldos en tiempo y forma y el Área Metropolitana del Gran Resistencia sufrió la interrupción del servicio desde la tarde del jueves.
Esto se suma a la reducción de servicios por parte de las empresas que se evidenció durante todo el año 2025, a pesar de la propuesta empresarial de mejoras en la eficiencia y unificación de ramales solicitado por las propias empresas.
Sucede que desde el Ministerio de Infraestructura, a través de la Subsecretaría de Transporte de la provincia, señalaron que en base a un diagnóstico la mayoría de las líneas ya trabajan con bajos porcentajes de unidades en servicio, con faltas en el cumplimiento de los pliegos, mientras se producían las audiencias públicas para el cambio de tarifas, lo cual trajo que como consecuencia de la disminución de frecuencias, los ciudadanos opten por otros servicios y alternativas de transporte.
En ese sentido remarcan que, desde el Estado provincial, respecto a los sistemas de transportes alternativos (plataformas Uber, Cabify, Didi, etcétera) se acompaña al Concejo Municipal de Resistencia en la tarea de encontrar un marco de regulación para el funcionamiento de ese transporte alternativo por el cual opta la comunidad, algo que no se pudo lograr tras la caída de la ordenanza que se trató en una sesión especial esta semana.
Ante esto, la gente queda en el medio... Entre los que no pueden acceder al transporte ilegal de plataformas y los que se les hace imposible sostener desde su bolsillo un servicio de transporte público que deja mucho que desear, la grieta parece nunca cerrarse y seguramente encara un año donde se tendrán que buscar alternativas para satisfacer a todas las partes con un servicio de calidad y que cumpla con las necesidades.
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