La Justicia pone en rojo la caja del Chaco: jueces logran amparo de "equiparación salarial"
Este mes, un Superior Tribunal de Justicia hoc ac hizo lugar a una acción de amparo del actual ministro de ese tribunal, Rolando Toledo, ordenando al Poder Ejecutivo una equiparación salarial. En el caso de Toledo es para que de ahora en más comience a percibir una remuneración como la de juez federal.
“El juez de la Corte Suprema gana $ 320.000 y yo gano $ 80.000”, había declarado sobre la cuestión el ministro del STJ chaqueño Rolando Toledo.
#Ahora Hablamos con Rolando Toledo del Superior Tribunal de Justicia sobre la reunión con gobierno sobre incremento y equiparación salarial.
— Radio Libertad (@libertadfm991) 27 de junio de 2017
En el mismo caso, pero aún sin sentencia definitiva, ordenando una “equiparación salarial” están los jueces y fiscales: Juan Pablo Cerbera, Graciela Griffith Barreto, Andrea Natalia Lovey Pessano, Carmen Beatriz Scarpin, Nélida María Villalba, Dolly Roxana de los Ángeles Fernández, Ernesto Javier Azcona, Lilian Beatriz Irala, Lucio Gonzalo Otero, Francisco de Asís de Obaldía Eyseric y Edmon Danilo Perot., Martha Cristina Rodríguez, Gloria Cristina Silva, Ana Mariela Kassor, María Eugenia Barranco Cortés, Alicia Susana Rabino, Andrés Martín Salgado, Natalia Analía Fernández Floriani y Oscar Raúl Lotero, Roberto Alejandro Herlein, Mariella Noemí Casavecchia, Jorge Gustavo Dahlgren, Elmira Patricia Bustos, Natalia Prato, Jorge Raúl Lataza Gandini, Beatriz Esther Cáceres, María Teresa Varela y Valeria Zunilda Latorre, además de Antonio Luis Martínez, entre otros.
La resolución que favorece a Toledo lleva la firma de los conjueces Alfredo Solá (presidente), Claudio Lange, Nora Giménez, Omar Camors y Carlos Varas.
En su parte resolutiva, el fallo ordena a la provincia del Chaco a que en un plazo de 30 días de quedar firme la sentencia se proceda al pago del 50% de la diferencia existente entre la remuneración neta vigente para el Poder Judicial de la Provincia y la remuneración neta de los cargos equivalentes de la Justicia Federal, debiendo realizarse la actualización a partir de la fecha de interposición de la demanda.
Asimismo, los conjueces advierten al Poder Ejecutivo que en el plazo de treinta días contados desde el momento de quedar firme la presente, deberán instrumentar los correspondientes mecanismos necesarios, financieros, presupuestarios y/o normativos respecto del 50% restante y la actualización progresiva hasta la equiparación total con el orden federal además de todo lo atinente para que en adelante y en el futuro no se produzcan nuevos desfasajes o violaciones al principio de intangibilidad.
