Además, se articuló con la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Agricultura familiar, campesina e indígena de Nación y el Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco, para garantizar el cumplimiento de los derechos de los integrantes.

Mediante una presentación realizada al Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Castelli, interviniente en el expediente de desalojo, la Defensoría del Pueblo ha solicitado se otorgue un plazo razonable para realizar la reubicación de las personas y los animales a los fines de garantizar los derechos fundamentales de la familia Vargas. El trabajo institucional e interdisciplinario coordinado, ha logrado que se pueda realizar el traslado del grupo familiar a otro lote.

“Estamos convencidos que ante la vulnerabilidad de estas situaciones, existiendo la posibilidad verídica e inminente de la reubicación de esta familia y su producción, es necesario que las magistradas y los magistrados intervinientes se posicionen en dar una solución más racional, limitando las afectaciones de derechos de las personas a desalojarse, por ello instamos al Juzgado interviniente a otorgar un plazo razonable para que se realice el traslado pertinente”, concluyó sobre la intervención el defensor del Pueblo, Bernardo Voloj.