La legisladora recordó que este tema se enmarca en el Convenio sobre Ciberdelito de Budapest “al que la Argentina ha adherido también, y que implica poder adecuar nuestra normativa a la nacional, ya que cada provincia tiene que velar por garantizar el acceso a la justicia” y remarcó que “elaborar proyectos que contemplen cuestiones como el ciberdelito y la evidencia digital no solamente mejora el acceso a la justicia, sino que le da garantías y hace a un sistema jurídico eficaz y moderno”.

Otero señaló: “Venimos a presentar este anteproyecto de evidencia digital en representación del Consejo y de todos los colegas que ayudaron en su elaboración, para tratar de darle a la Comisión herramientas para un código novedoso, tanto en la investigación de delitos informáticos como en la investigación de todos los delitos con el tema de evidencia digital”.

La exposición incluyó un panorama sobre el impacto de las nuevas tecnologías en materia de delitos informáticos y evidencia digital dentro del proceso penal “apuntando a brindar herramientas a los fiscales y a los jueces para trabajar, así como garantías al ciudadano, determinando claramente las herramientas, cómo se deben realizar, cómo se deben pedir, el fundamento, la proporcionalidad de la medida, cosas que hoy en día no existen”.

La Comisión Técnico Revisora fue creada por Resolución 590/22 de la Cámara de Diputados, y está integrada por representantes de los tres Poderes del Estado; el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa; las Universidades; los Colegios y Consejos de Abogados de las seis circunscripciones judiciales; la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chaco y otras entidades.