Los diputados del PJ adelantaron el respaldo para el Proyecto de Ley N°505/ 2015 de Juicio por Residencias que se debatió en el seno de la Comisión de Legislación General Justicia y Seguridad que estuvo presidida por su titular Martín Nievas, con quórum de sus pares Celeste Segovia, Elda Pértile, María Lidia Cáceres, Carlos Martínez, Luis Verdun, Daniel Trabalón y Nancy Mariel Gersel.
Nievas precisó que “La presente ley es una muestra de ética y transparencia en la función pública y tiene como objetivo primordial establecer normas y pautas relacionadas al buen desempeño de todos los funcionarios que presten servicios remunerados o no remunerados, que constituyan una función pública, pero sobre todo brinda herramientas de control ciudadano para evitar la mala gestión y evitar la corrupción”.
En la misma línea el legislador dejó en claro que “la ética y transparencia públicas son valores que hacen a la esencia del sistema y orden democrático y republicano de gobierno. Transgredirlos es atentar contra el sistema, y su defensa compete a la comunidad toda. El hacer mal o el no hacer puede producir daños que atenten contra los intereses colectivos, los del pueblo”.
Asimismo apuntó que por esta ley se pone en funcionamiento el Poder de Policía de control y cumplimiento de la ética pública, ejercido con el imperio del Estado, pero con participación de los ciudadanos agrupados o no, dijo el diputado provincial.
Y a la par acotó que “el juicio de residencia fue un procedimiento judicial del derecho castellano e indiano, que consistía en que al término del desempeño de un funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento. Siguiendo ese antecedente histórico, se respalda esta iniciativa enviada por el gobernador Jorge Milton Capitanich que es una muestra más de su compromiso en la gestión transparente y contra la corrupción”.
Funcionarios a rendir cuentas
Nievas detalló que “la presente ley tiene por objeto instaurar el juicio de residencia a fin de que todo funcionario público, que se desempeñen en cargos, electivos o no, en forma temporal o permanente, remunerada u honoraria, en el ámbito del Poder Ejecutivo , esté sujeto a rendir cuentas de su gestión, del destino de los fondos asignados por presupuesto, a la evolución de su patrimonio personal, a cumplimentar con las declaraciones juradas de bienes personales, y a la valoración pública de su desempeño, sin perjuicio de toda otra legislación vigente”.
Aclarando que serán autoridades de aplicación de la presente ley para el control contable presupuestario el Tribunal de Cuentas, para el control político institucional, la Cámara de Diputados y para el control final la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
“Es obligación del funcionario que deja el cargo, en el plazo de 15 días hábiles hacer una rendición de cuenta ante el Tribunal de Cuentas del destino de los fondos asignados por presupuesto, de su patrimonio personal ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y de su gestión acerca del cumplimiento de programas y metas ante la Cámara de Diputados y la ciudadanía a través de medios de difusión (página web y otros” explicitó.
