“No cabe duda de que no hay justicia imparcial, y de que hay una justicia que favorece a grupos de poder. Ellos nos hacen denuncias penales a nosotros como gobernadores que reclamamos por una situación de enorme injusticia, y nos quieren amedrentar diciendo que estamos incumpliendo los deberes de funcionario público o eventualmente que estamos en un proceso de sedición”, esgrimió.

Asimismo, sostuvo que “esta connivencia está perfectamente demostrada, y pone en claro que ellos realizan fallos antojadizos y parciales” y amplió su posición: “Protestamos porque si se lleva la plata Capital Federal, mi provincia no tiene obras. CABA se lleva el 2,92 por ciento a través de una medida cautelar, cuando en realidad le corresponde el 1,4 por ciento más 0,92 por ciento de la transferencia de la fuerza de seguridad”.

“Es una jurisdicción que gasta 371.000 millones de pesos (anual) cuando nosotros gastamos entre 47.000 millones de pesos y 52.000 millones de pesos por año, por una cuestión de limitación en 100.000 kilómetros cuadrados, versus 203 kilómetros cuadrados de CABA”, indicó.

Asimismo recordó que “ellos tienen toda la infraestructura que lograron apropiándose de los recursos de las provincias, como pavimento urbano, agua potable, cloacas, energía eléctrica, gas, y fibra óptica de última milla local. Es el lugar más rico del país, con los mayores privilegios, entre el 22 y 28 por ciento de la distribución territorial del presupuesto nacional, que son más de 4 billones de pesos, se lo lleva CABA, y tienen el mayor subsidio de energía eléctrica y de gas”.

“Esto no puede ocurrir. Existe una connivencia entre el poder económico mediático concentrado y la justicia que en definitiva pone en peligro una cuestión clave. Es ingobernable la Argentina en estos niveles. No se puede gobernar con una justicia así. No va a poder gobernar nadie en el futuro si no hay pie de igualdad”, manifestó.

En este sentido, enumeró una serie de medidas que podrían sanear la justicia de este tipo de medidas: “Que los jueces paguen impuesto a las ganancias, porque hoy tienen privilegios; que tengan mandato por tiempo limitado, no más de 5 a 10 años; que sean electos por concursos de antecedentes y oposición; la ampliación de jueces de la Corte, porque sino son manipulables por el poder hegemónico; y hacer de la justicia un ámbito para preservar la vida, la libertad, el honor y el patrimonio de la Argentina”.