Política
Chaco y Tucumán, las provincias que más gastan

Cada legislador chaqueño recibe por año $ 71 millones, son 32

La legislatura chaqueña tiene 32 diputados. La suma de gasto anual asciende a $ 2.273,3 millones. Jorge Capitanich prometió reforma de la Constitución, ¿tocará este punto en su proyecto?

Cada distrito gasta, en promedio, unos $ 34 millones al año por cada representante. El presupuesto global para mantener a los poderes legislativos provinciales asciende a más de $ 41.000 millones. Tucumán encabeza la lista con $ 85 millones anuales por legislador.

Un reporte que publica El Cronista, toma como base los presupuestos de las 24 jurisdicciones del país -incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, destacada que el funcionamiento de las legislaturas provinciales demanda $ 41.008,5 millones al año.

Si se considera que hay en total 1199 diputados y senadores provinciales, se puede estimar que el costo de cada representante para el erario público es de $ 34,2 millones anuales, o, dicho en otras palabras, casi $ 3 millones mensuales.

Las que más gastan

El podio de provincias que más gastan por legislador lo integran dos de las más pobres de la Argentina: Tucumán y Chaco.

La provincia que gobierna Juan Manzur destina más de $ 4200 millones al año, a razón de $ 85,7 millones para cada legislador. Si se considera que la población de esa provincia es de 1.592.878 habitantes (según el censo 2010), cada tucumano aporta $ 2636,80 para sus legisladores.

Un legislador tucumano cuesta, por ejemplo, casi 6 veces más que un legislador jujeño, una diferencia considerable teniendo en cuenta que dichas jurisdicciones poseen similares cantidades de legisladores (49 y 48, respectivamente).

En el caso de Chaco, que a partir del 10 de diciembre será nuevamente gobernada por Jorge Capitanich, la suma asciende a $ 2.273,3 millones. Cada representante del legislativo unicameral que tiene esa provincia recibe algo más de $ 71 millones por año. A cada chaqueño sus legisladores le cuestan $ 2.157,85.

El presupuesto chaqueño para sus legisladores supera en 2,4 veces el destinado al Ministerio de Producción de esa provincia, que recibió este año $ 956 millones.

El tercer lugar lo ocupa la Ciudad de Buenos Aires. En este caso el presupuesto anual para la Legislatura es de $ 4.194.725.612. La cifra es elevada, pero si se tiene en cuenta que se trata de un distrito con mayor población que los anteriores, el costo por habitante se reduce a $ 1450,92. Cada legislador demanda por año $ 69,9 millones.

Un legislador tucumano cuesta, por ejemplo, casi 6 veces más que un legislador jujeño, una diferencia considerable teniendo en cuenta que dichas jurisdicciones poseen similares cantidades de legisladores (49 y 48, respectivamente).

Los más austeros

En el otro extremo de la tabla se ubican Santiago del Estero, San Luis y Mendoza.

En la provincia que gobierna Gerardo Zamora cada legislador insume $ 3,8 millones anuales ya que el presupuesto para la Legislatura local es de 152,6 millones de pesos.

Comparado con su vecino Tucumán, el distrito que encabeza la nómina, Santiago gasta casi 23 veces menos en sus legisladores.

En el caso puntano, en tanto, el gasto anual es de $ 266,1 millones. Cada legislador insume algo más de $ 5,1 millones.

Mendoza completa la tríada con un presupuesto de por arriba de los $ 1000 millones para sus 86 legisladores, que se llevan $ 11,7 millones cada uno para sus gastos operativos.

El mayor gasto por habitante

La Legislatura de Tierra del Fuego cuenta solo con 15 legisladores. El Presupuesto que requiere para su funcionamiento es de un poco más de $ 884 millones anuales ($ 58,9 por representante).

El funcionamiento del legislativo fueguino le cuesta a cada uno de los 126.190 habitantes que tiene la provincia 7005,52 pesos.

El distrito con más legisladores

La Provincia de Buenos Aires es la que cuenta con más legisladores (138). El legislativo, que es bicameral, requiere para su funcionamiento casi $ 8900 millones, el presupuesto más alto de todas las provincias.

Dado que se trata de la de mayor población del país (15.594.428 según el último censo), el costo de los legisladores por habitante está entre los más bajos ($ 570, 65 per cápita).

El informe de la Fundación Libertad consigna, para dimensionar el volumen de recursos que insume el legislativo bonaerense, que su gasto equivale a casi 14 veces lo asignado al Ministerio de Agroindustria ($ 648 millones) o 74 veces lo destinado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ($ 121 millones).

Para dimensionar el gasto legislativo en Argentina bien vale la comparación con lo que sucede en España con las Comunidades Autónomas (CA).

Con una población y una estructura legislativa similar, en el país ibérico las CA destinan, de acuerdo al Presupuesto 2019, un promedio de 301.357 euros a cada legislador local. Al tipo de cambio actual ($ 1 = 64,39 euros), la cifra asciende a $ 19,4 millones, número considerablemente inferior a los $ 34,2 millones de nuestro país que, así, gasta casi 1,8 veces más que España.

Los proyectos de menos calidad

Como señala el informe de la fundación con sede en Rosario, las legislaturas provinciales -al igual que el Congreso- suponen una erogación desmedida y su participación en el presupuesto resta recursos otras áreas relevantes como Producción, Desarrollo Social u Obras Públicas.

Ni hablar de la calidad de los proyectos presentados entre los que puede mencionarse, por ejemplo, “Declarar de interés Provincial el Día del vidriero” (Hugo Sager), presentado y aprobado en el Chaco en mayo pasado, el Día del Abuelo (Claudia Panzardi), el Día del Futbolista (Nadia García Amud), por nombrar algunos.

En otros distritos las ideas son similares y aparece la “Prohibición para soltar globos con helio al aire libre’’, presentado la Cámara de Diputados bonaerense.

En un contexto donde la Argentina debe ir a una reestructuración profunda del Estado, para ordenar sus cuentas públicas y comenzar un crecimiento sostenido, la evaluación del costo de la política para las arcas públicas no puede soslayarse. Más aún, probablemente la austeridad en los presupuestos de los poderes estatales deba ser el punto de partida de esa reestructuración.

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