El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por los jueces Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y Juan Manuel Iglesias. Intervienen el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera como querellante. También están imputados su esposa Librada Romero; sus hijos David, Walter y Daniel; y su nuera Débora Acosta.

La investigación tiene como principal imputado a López, detenido el 11 de septiembre de 2024 en la capital chaqueña, en un operativo que marcó un giro en la causa. Para la fiscalía, el dirigente social lideró durante más de diez años una estructura familiar orientada a desviar fondos públicos y transformarlos en bienes de alto valor, incompatibles con sus ingresos declarados.

La investigación

De acuerdo al expediente, entre 2011 y 2023 el grupo accedió a unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales mediante adjudicaciones irregulares gestionadas ante el Instituto de Colonización. Esos terrenos, destinados a fines productivos y sociales, habrían sido utilizados en negocios inmobiliarios a través de fideicomisos, contratos de leasing y ventas a terceros, pese a las restricciones legales que impiden su enajenación durante diez años.

La acusación sostiene que el entramado incluyó fundaciones y otras estructuras legales para canalizar las operaciones, con la intervención de escribanos y funcionarios públicos. Como resultado, se habría conformado un patrimonio que abarca campos, inmuebles urbanos, vehículos de alta gama, ganado y divisas.

Antes del inicio del debate, la defensa intentó frenar la causa al invocar la Ley de Blanqueo 27.743, con el argumento de que los bienes podían regularizarse bajo ese régimen. El planteo fue rechazado por el fiscal federal Patricio Sabadini y por el juez Ricardo Mianovich, quienes consideraron que el delito de lavado de activos queda fuera de ese marco por tratarse de una afectación al orden económico y financiero. Esa decisión permitió avanzar hacia el juicio oral sin nuevas dilaciones.