Ese esquema le permite bloquear o dilatar cualquier avance, en un contexto donde la oposición reconoce tener pocas chances de que los expedientes prosperen.

Entre los impulsores aparecen legisladores de distintos bloques, como Juan Marino, Agustina Propato, Aldo Leiva y Germán Martínez, junto a referentes de izquierda y espacios provinciales. Los argumentos abarcan desde incumplimientos de leyes vigentes hasta decisiones en política exterior y declaraciones públicas sobre Malvinas.

El caso Libra concentra uno de los focos más sensibles. Se investiga la promoción de un proyecto cripto que terminó en pérdidas millonarias y derivó en la creación de una comisión investigadora que ya pidió citar a "Jamoncito" y a su hermana.

En paralelo, se suman cuestionamientos por el DNU 70/23, el ajuste en discapacidad y denuncias por irregularidades en Andis.

También se objetan decisiones internacionales, como el alineamiento con Estados Unidos e Israel, acuerdos militares sin aval del Congreso y votaciones en organismos multilaterales. A eso se agrega la polémica por la intervención del Puerto de Ushuaia.

Pese al volumen de acusaciones, el oficialismo controla 17 de los 31 integrantes de la comisión y busca blindar al presidemente. La oposición evalúa forzar el tratamiento en el recinto, una maniobra que podría tensionar aún más el escenario legislativo.