Las medidas fueron ejecutadas por la Fiscalía Federal junto a la Policía Federal Argentina, con el objetivo de reunir documentación, registros informáticos y comunicaciones vinculadas a las operatorias financieras que quedaron bajo sospecha tras una denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons.

Según la presentación judicial, el municipio habría invertido fondos públicos en instrumentos financieros no garantizados a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, luego de modificar su perfil inversor para habilitar operaciones de mayor riesgo. La denuncia sostiene que no existía una partida presupuestaria específica ni ordenanza que autorizara esas colocaciones.

En el expediente se menciona al intendente Bruno Cipolini, a la secretaria de Economía María Alejandra Quintana y al secretario de Gobierno Diego Landriscina, bajo la hipótesis de posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.

En paralelo, el gerente general de la Bolsa del Chaco, Julio Barrios Cima, fue interceptado en un peaje cuando se dirigía a Sáenz Peña para declarar como testigo ante la Justicia provincial. En ese procedimiento se le secuestró el teléfono celular por orden judicial. Su abogado aclaró que no existió detención y que el dispositivo fue entregado en cumplimiento de la medida.

Mientras avanza la investigación penal, existe otro frente judicial: la medida cautelar promovida por la Municipalidad de Sáenz Peña. La Justicia hizo lugar a esa acción días atrás y ordenó un embargo preventivo por 1.890.691.105,07 pesos. La resolución dispuso la retención de los fondos y su transferencia a una cuenta judicial, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.

En ese marco, la Bolsa de Comercio del Chaco informó que ya depositó los fondos y los puso a disposición del juzgado interviniente. El reciente depósito se inscribe dentro del proceso en curso y constituye un paso en la ejecución de lo ordenado por el tribunal.

Los recursos municipales se encuentran actualmente bajo la órbita del juzgado, lo que asegura su resguardo e integridad, independientemente de cualquier situación vinculada a terceros inversores. El fallo además prevé que la eventual restitución deberá realizarse con los intereses correspondientes, con el objetivo de proteger de manera integral el patrimonio público.

Desde la Municipalidad de Sáenz Peña indicaron que continuarán impulsando las acciones necesarias hasta lograr el recupero total y definitivo de los recursos, mientras la investigación federal busca determinar si en el origen de las operatorias existieron responsabilidades penales.