La Justicia condenó a 10 años de prisión a Carlos Barraza y piden investigar a exfuncionarios
La Cámara Primera en lo Criminal condenó a Carlos Iván Barraza a 10 años de prisión efectiva por los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios, en concurso real. La sentencia, leída el 5 de diciembre de 2025, incluye también la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos, así como el pago de costas y honorarios de abogados.
La parte resolutiva de la sentencia fue leída este viernes por la jueza Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, acompañada por sus pares Natalia Kuray y Julieta Dansey.
Nuevas líneas de investigación abiertas por la Justicia
El tribunal no solo condenó a Barraza, sino que también dispuso correr vista al equipo fiscal para investigar a una serie de personas y hechos vinculados. Entre ellos, se ordenó indagar por falso testimonio a Gustavo Ariel Brites y por la presunta responsabilidad de Carlos Mauricio Andión (extitular del IAFEP) y Laura Moreno en la disposición de fondos estatales a movimientos sociales sin los requisitos mínimos durante 2022 y 2023.
Investigaciones sobre tierras, viviendas y fondos públicos
Otras líneas de investigación se centrarán en funcionarios de la Secretaría de Ordenamiento Territorial por la adjudicación de terrenos en Villa Barberán a Barraza o particulares, y a titulares del IPDUV por las viviendas construidas sin control aparente en la misma zona, actualmente habitadas por personas vinculadas a la Asociación Civil Humildad. Asimismo, se investigará la recepción y destino de fondos estatales por parte de Romina Palacios y Walter Ramírez en el mismo periodo.
Caso SAMEEP: familiares y presuntas irregularidades laborales
El fallo amplía la mirada sobre la empresa SAMEEP, ordenando investigar a Nicolás Sissi, Jonathan Barraza, Andrea Barraza, Cristian Barraza, Mónica Romero y José René Galassi por presuntos incumplimientos horarios, marcación indebida, uso de vehículos oficiales y percepción irregular de vales de combustible. También se investigará a Juan Carlos Barraza por posibles delitos como amenazas y coacción, y a quienes presidieron la empresa en 2022 y 2023 por omisión de control sobre el accionar de Carlos Iván Barraza y sus familiares.
Decomiso de bienes y destino de lo secuestrado
La sentencia dispone el decomiso definitivo a favor del Estado provincial de todos los bienes, vehículos, herramientas, armas, dinero y documentación que constituyan instrumento o ganancia de los delitos. Se ordena la destrucción de las armas secuestradas y la transferencia de más de 147 mil pesos depositados en una cuenta judicial al Tesoro Provincial. Toda la documentación secuestrada deberá conservarse como prueba del crédito estatal por el daño ocasionado.
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