Luego de varias horas sin conocerse su paradero, Boniardi Cabra se presentó de manera voluntaria en el Ministerio Público Fiscal y quedó a disposición de la Justicia.

Según fuentes oficiales, el incidente habría ocurrido cuando el Instituto Médico Forense se disponía a iniciar el peritaje del celular del letrado. Allí, presuntamente, profirió amenazas al especialista a cargo del análisis técnico, motivo por el cual se dispuso su inmediata detención y traslado al Departamento de Investigaciones.

Previo a su entrega, su pareja y también abogada, Rocío de Jesús Ramírez, presentó un pedido de excarcelación que fue rechazado por la fiscalía.

El caso de Boniardi Cabra ya había cobrado notoriedad durante la selección del jurado popular, cuando fue sorprendido filmando e identificando a aspirantes, una conducta expresamente prohibida por la normativa vigente.

Por aquel hecho, fue imputado por desobediencia judicial y perturbación del orden, aunque recuperó la libertad con restricciones y bajo la condición de entregar su teléfono para peritaje.

El juez Javier Roy, titular del Juzgado de Garantías número 1, había autorizado el análisis del dispositivo para determinar si contenía registros que comprometieran la confidencialidad del proceso. Ese material, aún en estudio, podría resultar determinante para establecer si existió violación de secreto judicial o intento de manipulación del proceso de selección.

Desde la defensa, el abogado Juan Martín Varas negó categóricamente las acusaciones, asegurando que su representado “no estuvo en el lugar ni se comunicó con nadie del equipo técnico”. “Se presentó en fiscalía para ponerse a derecho. Esta situación está totalmente descontextualizada”, señaló.

Varas también cuestionó la falta de notificación formal sobre la figura penal atribuida, y adelantó que este jueves a las 10 horas, su defendido declarará como imputado para brindar su versión de los hechos.