El alegato del Ministerio Público Fiscal tuvo lugar este jueves ante la sede del TOF y continuará este viernes con el turno de las defensas de los imputados.“Estamos ante un caso de corrupción, debe ser declarado un caso de corrupción”, aseguró el fiscal Carniel, refiriendo a los hechos que fueron investigados y, a su criterio, probados durante este juicio oral que comenzó el 13 de mayo pasado.

Ayala y los otros imputados fueron juzgados por hechos que tuvieron lugar en el año 2016, cuando la exintendenta de Resistencia se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri. Se la acusó por direccionar la contratación con el municipio de Quitilipi a través de Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte (dos personas de su confianza contratadas por el Municipio) para la compra de herramientas y maquinarias con precios más elevados que los establecidos por el mercado a la empresa Service Hogar, del empresario Claudio Toloza.

En el tramo final de su alegato, Carniel advirtió que “estamos hablando de fondos públicos, de personas con capacidad de comprensión y con capacidad de acción, de personas que intentaron tapar toda su conducta, de personas que se abusaron de los cargos. O del cargo, en el caso de la ingeniera Ayala, por el cual ha sido designada”.

En ese sentido, subrayó que “esta conducta de parte de ellos, su formación profesional, su participación política, su imagen de representatividad, no solamente con sus pares, sino con la sociedad, eran personas que fueron funcionarios públicos, que tenían un estatus o un rango dentro de la administración pública y dentro del partido, de la Unión Cívica Radical, fueron referentes dentro de su actividad y eso yo creo que debe ser analizado como un agravante para justificar el monto de la pena”.