Según el requerimiento del fiscal Patricio Sabadini, a la familia se le atribuye haber puesto en circulación en el mercado, a través de diversas maniobras, fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción, fraude a la administración pública provincial y otras actividades ilícitas concretadas en el marco de una asociación ilícita.

Esto se habría traducido en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos, situación fiscal y patrimonial que registran. En el requerimiento presentado el lunes ante el juez, Ricardo Mianovich, la fiscalía sostiene que conformaron un grupo económico organizado con fines ilícitos que actuó de manera coordinada y sostenida en el tiempo.

Según se pudo saber, la investigación señala que “Tito” López, en su rol de reconocido “dirigente social” de la provincia con manejo de un importante número de personas, habría utilizado su influencia para obtener distintos beneficios por parte del estado provincial. En ese contexto, se pergeñó un esquema, con la necesaria participación de funcionarios públicos, tendiente a la concreción de actividades ilícitas con finalidad de obtener un lucro ilícito en el marco de reiterados hechos de “fraude a la Administración Pública”.

Estos fraudes, principalmente relacionados con irregularidades en la gestión y aplicación de fondos provenientes del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP, el cual fue cerrado por la actual administración) y otras reparticiones públicas provinciales a través de fundaciones a nombre de la familia López, constituirían los ilícitos precedentes que generaron las ganancias espurias.

Además del fraude, se verificaron presuntas maniobras ilícitas organizadas para el apoderamiento ilegal de miles de hectáreas de tierras fiscales provinciales. El estado provincial habría otorgado al dirigente piquetero, su esposa, hijos y nuera aproximadamente tres mil hectáreas de campo de manera irregular y con prioridad en tiempo récord. Estas tierras, otorgadas por el Instituto de Colonización, habrían sido sometidas a contratos de leasing, obteniendo ganancias irregulares, en muchos casos con los hermanos Diego y Walter Brua, empresarios agrícolas del interior provincial.

Otro presunto ilícito precedente mencionado es la usurpación o posesión ilegal del campo “El Timbó”, ubicado sobre Ruta Provincial 49, a 17 km de Cote Lai, donde se montó una gran operatoria económica de cría, compra y venta de animales, generando ganancias considerables.

Testimonios de cuidadores históricos del campo dan cuenta de que una persona ingresó con un papel de la provincia y luego vendió el campo a “Tito” López, quien se instaló y realizó mejoras. El abogado de la empresa Timbo S.A Ganadera Agrícola denunció la usurpación de aproximadamente 1250 hectáreas por parte de Tito López.

Las pruebas que sustentan la acusación incluyen informes de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA); ARCA (ex AFIP); Registros de la Propiedad Inmueble, Instituto de Tierras Fiscales, informes de investigación, declaraciones testimoniales, actas de allanamiento y secuestro, e información de organismos públicos y entidades bancarias.

Se constató la adquisición de numerosos bienes registrables (inmuebles y vehículos), la posesión de un quincho de grandes dimensiones en un terreno fiscal, y la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo (Pesos Argentinos, Guaraníes, Dólares estadounidenses y Reales) incautadas en el domicilio que Tito López comparte con su esposa.

La fiscalía destaca que los imputados no registraron ingresos o actividades económicas lícitas que justifiquen razonablemente la adquisición de los bienes y activos constatados. A pesar de sus magros perfiles fiscales, se observó un alto nivel de vida y viajes internacionales.

Se menciona que, durante la instrucción, los acusados se adhirieron al “Régimen de blanqueo y moratoria impositiva previsto por la Ley 27.743”, realizando importantes erogaciones ante el organismo fiscal, lo que refuerza el escenario probatorio en orden al manejo y tenencia de importantes montos de dinero en efectivo. Por ejemplo, Daniel López se adhirió por más de 16 millones de pesos en impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.

Respecto a las fundaciones, se observó que, tras recibir pagos electrónicos del Estado, se realizaban extracciones en efectivo de prácticamente la totalidad de los montos, dificultando la trazabilidad del dinero. Documentación aportada por la defensa sobre la Fundación Buen Vivir y Trabajo reveló ingresos de personas jurídicas investigadas en otra causa por asociación ilícita fiscal y emisión de facturas apócrifas. Notas de rendición de gastos al Ministerio de Desarrollo Social por Tito y su hijo Walter, respaldadas por facturas de un proveedor que denunció el uso indebido de su clave fiscal para emitirlas, son consideradas apócrifas por la fiscalía, sugiriendo que los fondos no se usaron para el fin otorgado y fueron desviados ilícitamente.

Sabadini argumenta que las operaciones descriptas, aunadas a la falta de justificación de fuentes de origen lícito, resultan idóneas para inferir la ilicitud del origen de los bienes y la pretensión de introducirlos en el mercado formal con apariencia lícita. La calificación legal se basa en el artículo 303, inciso 1°, agravado por el inciso 2° apartado a) del Código Penal, que sanciona el lavado de activos con habitualidad y comisión organizada.

Cabe destacar que, en octubre de 2024, el Juez Federal dictó auto de procesamiento con prisión preventiva contra la familia López por lavado de activos agravado, resolución que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones.

Inicialmente, el juez se había declarado incompetente para los delitos precedentes de fraude y asociación ilícita, pero la Cámara Federal revocó esa decisión, declarando la competencia federal para continuar investigando esos delitos, que tramitan en una causa aparte.

La fiscalía solicita la conformación de actuaciones residuales para continuar la investigación respecto de Diego y Walter Brua (procesados sin prisión preventiva por participación necesaria en el lavado) y la cuñada de Tito López, Devora Acosta (procesada sin prisión preventiva por lavado agravado, con necesidad de profundizar la investigación patrimonial).