Recursos Humanos del Poder Ejecutivo dictaminó contra las transferencias
La Dirección General de Recursos Humanos de la gobernación advirtió que “no realiza viable” la transferencia de personal adscripto a la Defensoría Pueblo, en razón de que el personal a transferir “revista en el escalafón General del Poder Ejecutivo y el Instituto del Defensor del Pueblo posee un escalafón diferente aprobado por Ley 66968”.
El dictamen lleva la firma de Alicia Knauss, a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, que advirtió también que para impulsar la transferencia del personal Corregido, que presentó al Ejecutivo un proyecto de decreto, puenteó al ministro de Salud, Jaime Parra Moreno, tratándose en este caso de personal de ese ministerio al que se está solicitando la transferencia.
Específicamente la funcionaria apuntó al final que “se destaca que no obra en lo actuado, el aval del Ministro de Salud Pública conformando la medida propuesta”.
También recordó que “para ser nombrado en dicho Instituto, se efectuará previo concurso de antecedentes y oposición, para la cobertura de cargos del citado organismo, conforme a lo establecido en el art. 6° de la Ley 4190 y sus modificatorias”.
Con estos argumentos, Knauss consideró que “no resulta procedente la transferencia definitiva en virtud de que se trata de distintos escalafones”.
La medida, según indica el dictamen, hace referencia las transferencias solicitadas por el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, para la secretaria Legal y Técnica N° 2, Ana Dorys Pérez Zamparo y la agente y María Soledad Montero, aunque habría más empleados adscriptos provenientes del Ministerio de Salud Pública.
