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Disputa por la tarifa

Precio del boleto: La Defensoría del Pueblo espera recibir la documentación respaldatoria

Corregido Se reunió con funcionarios municipales.

El estudio de costos del precio del boleto urbano presentado por la Municipalidad de Resistencia contiene puntos inconclusos en la metodología de cálculo que se aplica, según el análisis que efectuó la Defensoría del Pueblo del Chaco. En esa línea, fue el propio equipo técnico del municipio el que reconoció anoche la falta de documental respaldatoria en el informe que presentaron ante este organismo el lunes 13, a cuatro días de la Audiencia Pública en la que se discutirá sobre este tema.

“La Municipalidad reconoció anoche en una reunión que no envió la documentación suficiente a la Defensoría y se comprometieron a entregar la documental respaldatoria faltante en el transcurso del día”, indicó el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, al destacar que la información solicitada, es una de las características esenciales para conocer los números que se utilizan en los coeficientes metodológicos.

Asimismo, el ombudsman resaltó que “no es suficiente el tiempo restante desde hoy al viernes para analizar la documental y tener una participación adecuada el día de la Audiencia”. En este sentido aclaró que “lo razonable sería tener más días disponibles para examinar los papeles y organizar una presentación adecuada”, de cara a la convocatoria de este viernes 17 a las 7 en el recinto legislativo de Resistencia.

En la reunión que concedió anoche el municipio a la Defensoría del Pueblo para brindar detalles sobre el estudio de costos, estuvo presente el secretario de Gobierno municipal, Sergio Almirón, junto los subsecretarios de Tránsito, Luis Silvestri y de Planificación Vial, Edy Arévalo; la asesora legal de la Dirección de Tránsito, Gisel Gauna Lavagno y la representante de la Secretaría de Economía, María Laura Maurel.

Lo que falta

Tras el análisis que efectuaron los técnicos de la Defensoría del Pueblo - encabezados por el ingeniero Daniel Retamozo - se solicitó al municipio especificar a través de la documentación respaldatoria, la totalidad de unidades que presentan las empresas que prestan el servicio de transporte urbano para establecer el mencionado parámetro de “empresa tipo”. También se pidieron copias de los documentos que justifiquen o determinen los kilómetros recorridos (control municipal, declaración jurada, etc) y la cantidad de pasajeros transportados, ya sea a través del sistema tarjebus o de las declaraciones juradas de las empresas.

“Conforme fue expuesto el estudio de costos, se desprende que no existe una base cierta que permita determinar la veracidad de varias variables empleadas en los coeficientes de cálculo, por lo que esperamos de manera ansiosa los papeles para conocer los montos reales”, concluyó Corregido.

Legislación cuestionada

Finalmente, el defensor del Pueblo cuestionó la ordenanza 9089 que detalla cómo realizar el estudio de costos y resaltó que “no es representativa del sistema de transporte urbano actual”, por lo que pidió que considere una modificación legislativa de la misma, que esté basada en un análisis profundo de las fórmulas.

Por otra parte, también solicitó una actualización del artículo Artículo 241 de la Carta Orgánica Municipal, referido a las Audiencias Públicas, para que garantice la participación de los ciudadanos detallando plazos de presentación de los documentos entre los procedimientos, con el objeto de que no se repita la dificultad de acceder al estudio de costo en un lapso de tiempo tan ajustado.

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