El nombramiento es legal, pero ha generado malestar en el seno del propio bloque radical de la Cámara alta, ya que para poder designar al ex gobernador del Chaco, el senador jujeño habría pasado a algunos miembros de su despacho a revestir como empleados del bloque.

En otras palabras, estaría ocupando módulos que administran todos los presidentes de bloque y que suelen repartir entre los miembros de su bancada para que puedan engrosar el número de sus asistentes en la tarea parlamentaria.

Según senadores del mismo bloque, la designación de Rozas aparece reñida con la ética si se toma en cuenta que ambos dirigentes forman parte del mismo sector interno de la UCR, que respalda la candidatura presidencial de Ricardo Alfonsín, y que el nombramiento recae en un dirigente que, en la actualidad, sólo ocupa un cargo partidario, que no es remunerado y que sólo recibe aportes por gastos de movilidad que financia el comité nacional partidario.

El polémico decreto es el 130/11 y fue firmado por el vicepresidente Julio César Cobos el 21 de marzo pasado cumpliendo con las disposiciones legales que marca la normativa del Senado, es decir que el afectado no tenga antecedentes que impidan su nombramiento y que exista cupo en los módulos que cada senador tiene para elegir a su personal de despacho.

El sueldo básico de una categoría A-1 es de $ 11.260, a los que debe sumársele $ 468 por capacitación y $ 2200 por título. Esto da una remuneración de $ 13.928 a los que podrían agregarse $ 89 por año de antigüedad en la administración pública. Rozas es abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral, ocupó cargos en la administración pública nacional y fue gobernador de su provincia.

Fuente: La Nación