“Esto confirma el desorden administrativo y la falta de cumplimiento del municipio con el espíritu de la audiencia pública, que consiste en informar en forma adecuada y veraz a la población sobre la composición la tarifa”, remarcó al respecto el ombudsman, Gustavo Corregido.

En relación a esto, el juez Flores concluye en el expediente que la presunción de legitimidad del acto administrativo cuestionado, “se debilita y se torna improcedente su ejecutoriedad” al tratarse de una Audiencia pública cuestionada antes de su realización, tal como lo pudo constatar el magistrado al revisar la actuación N° E47-2015-156.

A la vez, el juez realiza un planteo sobre el incremento superior al 20 por ciento de las tarifas que venían rigiendo para el transporte urbano y se pregunta si “se podrá reparar el perjuicio que ocasionaría a los bolsillos de miles de usuarios, la mayoría de ellos trabajadores de estado, estudiantes, jubilados”. Según aclara, este cuestionamiento surge en base a la información que difunden los medios, dónde “el mismo Estado-empleador oferta un incremento del 12 por ciento en las remuneraciones de los trabajadores”. En relación a esto es que él considera “cumplido el requisito del prejuicio irreparable para la procedencia de esta cautelar”, teniendo en cuenta que en base a los porcentajes planteados, se afectaría la economía familiar cotidiana “teniendo que destinar buena parte de sus emolumentos para pagar solamente por el servicio de transporte”, indicó.