El legislador fundamenta su proyecto señalando, entre otros conceptos, que “una verdadera autarquía del Poder Judicial representa su independencia económica, es decir, la capacidad del Poder Judicial de determinarse por sí mismo en los aspectos financieros; circunstancia que en la actualidad dista de la realidad”.

“A través de la reforma a la Ley N°4181 propugnamos una verdadera autarquía financiera, que implica la implementación de un sistema que permita al Poder Judicial el acceso a recursos financieros que deben ser: a) Suficientes, para solventar sus propios gastos y hacer frente a sus proyectos; b) Seguros, para garantizar al órgano la disponibilidad material de los recursos presupuestados en el momento en que sean necesarios; es decir la implementación de un sistema que permita la ejecución del presupuesto al propio Poder Judicial para sostener el principio valioso de la independencia”.

“La autonomía económica del Poder Judicial representa uno de los pilares más importantes para empezar a construir una efectiva justicia independiente y una administración de la misma en forma eficiente, pues sin una posibilidad económica suficiente para afrontar la demanda de recursos humanos y de infraestructura, no puede pensarse una administración de justicia eficaz e idónea”.

“Con el proyecto que hemos presentado se pretende saldar una de las grandes deudas institucionales que tiene el Estado Provincial con su sistema de justicia en lo referente a la forma en que se desenvuelve la administración del Poder Judicial”.

“En la Provincia del Chaco los sueldos de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial se fijan, actualizan y aumentan a través del dictado de leyes emanadas de esta Legislatura o bien de Decretos del Poder Ejecutivo que luego son ratificados por leyes. Lo que somete al Poder Judicial a una práctica inadmisible que supone pedir a otro Poder del Estado, que mejore sus salarios”.

“Este mecanismo, si bien responde a la previsión del artículo 154° de la Constitución Provincial, hace más de veinte años ha sido dejado de lado en el orden federal y en provincias, que al igual que nuestra Carta Magna tiene disposiciones constitucionales con el mismo alcance.

“En efecto, el Poder Judicial de la Nación, por expresa disposición del artículo 7° de la Ley Nacional N°23.853 ha establecido que ´Las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación serán establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación´”, afirmó Roy Nikisch, entre otras consideraciones en su amplia fundamentación del proyecto.