Recuerdo como gran parte de la sociedad pareció saciar su sed de justicia cuando se dieron las detenciones-ilegales o matizadas con la doctrina Irurzun- casi en masa de algunos ex funcionarios K como Amado Boudou, Carlos Zannini y Julio de Vido. “Se robaron un país y deben estar presos”, decían varios. Otros agradecían regocijados al presidente Macri por “meter en cana a los delincuentes”.

Si alguien reparaba en que las detenciones iban a contramano de lo que indican los procesos judiciales, como fue mi caso, rápidamente saltaba la horda justiciera que aleccionaba tamaña impertinencia: “sos un defensor de corruptos”, “¿Te deben plata de la pauta?”, “Debés ser K o un choriplanero que quiere seguir cobrando su plancito”. La enorme cobertura mediática que rodeó estas detenciones, muchas apelando al morbo más deleznable, acicateaba los exaltados ánimos de los “justicieros” que veían cómo ahora sí la justicia era tal.

Sin embargo, Boudou fue liberado, Zannini estará en libertad en breve, hasta se habla de que De Vido también recuperará la libertad, especialmente a partir del fallo judicial que ratificó que en la tragedia de Once, el tren contaba con los frenos funcionando. Los medios ahora dicen que la justicia fue comprada. Si la justicia falla como nos gusta (o como nos dicen los medios influyentes) está bien, si no, no es justicia. Los hechos no importan.

¿Esto implica que los dirigentes K son impolutos? No. Simplemente que fueron detenidos sin seguir los pasos procesales de la justicia. La moda pasa por aplicar la doctrina Irurzun, que posibilita las detenciones preventiva cuando los involucrados en la investigación judicial pueden entorpecer la causa. Cualquier estudioso del derecho sabe que esto debe ser aplicado de un modo excepcional y no sistemáticamente. En nuestro país, lo excepcional es norma.

El Lanchagate, con varios ex funcionarios de Domingo Peppo involucrados, otra vez expuso la “detención por las dudas” de Irurzun. O peor, como sostuvo Rolando Núñez- abogado del prestigioso Centro de Estudios Nelson Mandela-: “El Poder Judicial del Chaco comenzó este proceso por el final. Despertó de una larga siesta, y obligado por la buena investigación del fiscal Patricio Sabadini, quiso generar un golpe de efecto ante la opinión pública y mostrar que ´actúa´. Así se dio la orden de detener a los sospechosos para salvar su cuestionado prestigio, su dudosa falta de transparencia y neutralidad”.

Mientras gran parte de la sociedad chaqueña ya se encargó de condenar a los sospechosos, el Procurador General Jorge Canteros en la conferencia de prensa del viernes pasado se apuró en aclarar que “tenemos un enorme respeto por las garantías constitucionales, por la que presumimos la inocencia de la gente involucrada. La detención se da solamente porque hasta ayer eran funcionarios públicos y por los lugares que ocupaban pueden entorpecer la investigación, y por eso los fiscales determinaron detenerlos". La aclaración llegó tarde. El linchamiento social ya era cosa juzgada. Será casi una misión imposible, en el caso que el desarrollo de la investigación así lo determine, que los investigados logren limpiar su imagen.

La sociedad está inmersa bajo un sesgo cognitivo, como definiera José Natanson-politólogo y director de Le Monde Diplomatique-: "la gente quiere que le refuercen lo que ya piensan y no quiere escuchar opiniones que difieran. El kirchnerista quiere que le digan que Macri es malo y ladrón; y los pro macristas que Cristina es hija de puta y chorra”. Trasladado a lo provincial esto decanta en definiciones del tipo “son todos corruptos, o Peppo es cómplice, o devuelvan todo lo que se robaron”. Los hechos ya no importan.