“Claramente la intendente (Alicia Azula) intervino activamente en la contratación con el claro objetivo de beneficiar a la empresa BAK u Ozog Brajovich Brian, Alan y Kevin S.H. demostrando un interés particular al comenzar a ejecutar la obra antes de que se contrate conforme la documentación que adjunta a la presente (adjunta a la denuncia penal…) y de las instrumentales que se ponen como prueba donde se comprobara el sin número de obras otorgadas a la mencionada empresa…”

El autor de la denuncia penal advierte y hace hincapié en que la maniobra sería fraccionar la obra en etapas, las cuales se llevaron a cabo en escaso tiempo “sin mediar lapso prudente y ello se ha realizado con el único fin de evadirse el llamado a licitación pública…”.

“Como si eso no bastara, directamente se eliminó el paso previo que exige la ley de Obras Públicas a la cual se encuentra adherida la Municipalidad de Barranqueras y mencionada expresamente por las resoluciones de intendencia: Publicidad previa del acto administrativo, no se ha publicado siquiera un edicto en un diario local y puntualiza el “modus operandi que se implementa en todos y cada uno de los supuestos concursos”.

Negocios incompatibles con la función pública

La figura prevista en el Art.265 del Código Penal sobre las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas protege “el fiel y debido desempeño de las funciones en el sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no solo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de imparcialidad”.

“Todo hace parecer que la Obra Pública del Municipio de Barranqueras fue manejada de esta manera y que Ozog Brajovich fue beneficiado en la mayoría por la metodología implementada por la intendente Alicia Digiuni de Azula, responsable directa de los gambeteos que sufrió la Ley de Obras Públicas, pero el Concejo Deliberante y sus concejales ¿no serían responsables indirecto por acción u omisión de la información sobre la transparencia de las contrataciones de obras? ¿Los organismos de contralor nunca advirtieron que se infringía la ley?”, dice la nota.

Y continúa: “Resulta hasta inocente pensar que nadie sabía cómo se otorgaban las obras en el municipio, un principio fundamental reza que ´en el Estado no hay secretos´, salvo que hablemos de Barranqueras, donde al parecer solo rige la ley impuesta por Alicia Azula. Existen ediles que vienen ejerciendo funciones de hace varias gestiones ¿nunca notaron como se maneja este formidable negocios de la Obra Pública en la comuna? O es que la expresión de un audio que trascendió hace algunos días sobre que ´los peronistas se venden por un pollo…´, expresión que se le adjudica a Alicia Azula ¿es verdad esto, por eso nadie ve estas cosas?”.

Mientras algunos miran para un costado, el pueblo de Barranqueras se hunde en la miseria, en el desorden y la mugre. Aún Alicia Azula reparte “Cortes de Ranchos” cuando en los últimos años se construyeron más de 60 mil viviendas en el Chaco, datos dignos de una comarca.

Habría que revisar cómo se otorgan los terrenos en la comuna. Trascendió que Barranqueras tiene más de un 90% de sus tierras fiscales y familias enteras que habitan allí desde hace décadas sin el título de propiedad, una anomalía que muchas veces permitió que familias enteras pierdan la propiedad de sus terrenos porque aparecían “nuevos propietarios” con autorizaciones oficiales. ¿Sería verdad que hay concejales y funcionarios municipales que tendrían más propiedades que el aloe de vera? ¿A cambio de qué…?