La punta de lanza, ésta semana, la tomó el legislador Iván Gyoker y denunció a una de las funcionarias de extrema confianza de “Coki” Capitanich por el supuesto negociado de la obra pública realizado en el popular barrio "La Rubita": Marta Soneira.

En la presentación judicial y en diálogo con la prensa, el diputado apuntó que la intervención barrial proponía la construcción de 160 viviendas, pero que sólo cinco unidades cuentan con los servicios básicos correspondientes.

En esta investigación, se pone a la luz que la coordinadora del proyecto definía quiénes eran las organizaciones sociales que participaban en la construcción de las viviendas y en la urbanización del barrio, mismo sistema de corrupción de la Fundación Madres de Plaza de Mayo cuando tercerizó la construcción en punteros políticos como Emerenciano Sena y Marcela Acuña, durante el año 2010.

En ese contexto, se suma que la coordinadora elegida por el Gobierno era tesorera de la organización social que manejaba su propio hijo. Los montos eran actualizados sistemáticamente de tal forma que se pasó de 40 millones de pesos de inversión a 207 millones de pesos para entregar solo cinco viviendas sociales. Ahora, todo quedará en manos de la Justicia, que tendría que tener libertad de definir responsabilidades.

Pero en paralelo, en otra causa judicial, el piquetero Carlos Barraza fue detenido luego de tres allanamientos en diferentes propiedades, en las que se incautaron materiales de construcción, tractores, decenas de bicicletas que debían entregarse a los beneficiarios, entre otros elementos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social. Rápidamente, la defensa, encabezada por el abogado José Galassi, aseguró que Barraza es un "preso político (del "Zorro" Zdero) para evitar que se presente como diputado en el año 2025”.

Pero estos tres allanamientos fueron el primer hilo del cual tirar, ya que desde ese momento se tomaron varias decisiones y medidas que desencadenaron, por ejemplo, en la demolición del “Pozo 5”, una ex planta de tratamiento de afluentes en pleno macrocentro de la capital chaqueña, del cual el dirigente social casi que se había apoderado para la construcción de oficinas, destinadas a conformar aparentemente un búnker político, a pesar de que el lugar no era apto para ni un tipo de construcción y, mucho menos, para que trabajadores puedan utilizarlo con habitualidad.

Sin duda alguna, todos estos avances en las diferentes autorías e investigaciones, salpican directa e indirectamente a la ex gestión de Jorge Capitanich y todo su gabinete, que lejos de preocuparse, han seguido siendo “figuras públicas”, encabezando la movilización de la CGT el miércoles en Resistencia, rasgándose las vestiduras por una inflación casi comparada a la que se sufría hace meses cuando eran Gobierno a nivel nacional, pero la que no los lastimaba directamente, ya que no veían peligrado su poder político.