La Defensoría General sobre inminentes despidos de trabajadores de Salud Mental
El Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial del Chaco, representado por la defensora general Alicia Alcalá; junto a Claudia Carina Sforza, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental Chaco, expresan gran preocupación por los inminentes despidos de trabajadores de Salud Mental. Los mismos prestan actualmente servicios en diferentes efectores públicos, en el marco del convenio firmado entre los ministerios de Salud de la nación y la provincia en 2011. Dicha acta acuerdo tiene como objetivo central fortalecer las capacidades institucionales que permitan garantizar una adecuada, oportuna y continua accesibilidad a los servicios de salud.
La ley de salud mental 26.657 (decreto 603/13) y la ley provincial de adhesión 2339-G (antes ley 7622), plantean una modalidad de abordaje comunitario, integral, interdisciplinario e intersectorial centrado en la persona como sujeto de derecho, con base en la atención primaria de salud.
Este modelo requiere, necesariamente, de recursos materiales y humanos, la articulación con efectores del sistema de salud que deben trabajar en red, hospitales generales, centros de día comunitarios, centros de salud, dispositivos integrados y articulados donde la persona asume un rol central como sujeto de derecho.
La conformación de esta red de servicios de salud permitirá la transformación que plantea la ley de salud mental; además de dar respuestas a todos los ciudadanos, no solo usuarios, sino también a familiares, trabajadores, etcétera.
Esta modalidad de abordaje permite que la persona goce del derecho a una rehabilitación psicosocial. Deben respetarse los derechos humanos de todas las personas promoviendo diferentes acciones tendientes a hacer efectivo los mismos.
Por ello, rechazan el despido de trabajadores de salud mental que actualmente prestan servicios en diferentes efectores de la provincia. Quienes con su fuerza de trabajo contribuyen a la transformación hacia el modelo comunitario garantizando el acceso a los cuidados, a la integración y al sostén de las personas con padecimientos mentales en la comunidad.
Que el Estado debe garantizar el derecho a la salud de toda la población; el servicio de salud debe ser adecuado, oportuno, integral y continuo, debiendo el sistema de salud dar respuestas otorgando una cobertura efectiva y garantizando el pleno ejercicio del derecho a la salud.
Que el inminente despido de los trabajadores de la salud mental y adicciones, deviene contrario al modelo social con base comunitaria. “En atención a ello, solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales, acciones tendientes a preservar la fuente laboral. Sin recursos no es posible la transformación que propone la ley de salud mental y convenios internacionales con jerarquía constitucional”, sostienen.
En su declaración agregan que para la efectiva implementación de la ley de salud mental debe fortalecerse la atención primaria de salud a través de los equipos interdisciplinarios que mejoren la calidad de atención, den respuestas a las demandas, garanticen la continuidad de los cuidados y fortalezcan los lazos familiares y sociales a fin de lograr la inclusión de los usuarios con padecimientos mentales y adicciones.
