Considerando los últimos y graves hechos ocurridos, que incluyó la “aparición” de las actuaciones administrativas de Bravo, y por los movimientos posteriores que se produjeron, aparentemente resulta un expediente “caliente”.

Mientras Bravo vivía canceló el precio de la adjudicación en venta que le otorgó Colonización. Estas parcelas fueron mensuradas. El adjudicatario falleció en el año 2011, según testimonios orales. Quedaron al frente su compañera, Avelina Avarevich, y su hijo Juan Daniel Bravo, en función de la declaratoria de herederos que se dictó en el sucesorio del adjudicatario.

En la tierra fiscal adjudicada predominó la explotación forestal. Según testimonio de los lugareños, antes de que Bravo enfermara y falleciera ya cesaron las actividades productivas en las dos parcelas. El adjudicatario alquilaba el campo a productores de la zona para explotar el monte y sacar madera. Su hijo, Juan Daniel Bravo no habría trabajado ni ocupado nunca la tierra. Solamente usufructuó de ella con contratos de alquiler para la explotación forestal.

Hasta aquí esta puede ser una más de las tantas historias de las adjudicaciones fraudulentas de tierras fiscales, de las ocupaciones, las actividades y el destino de las tierras públicas, que son similares o parecidas a la privatización que se produjo en El Impenetrable. Las tierras terminaron en manos de grandes empresarios, locales y no residentes en Chaco.

El irrelevante París

En su momento, tomó relevancia lo que venía ocurriendo durante de la gestión de uno de los principales actores de las denuncias realizadas contra el saqueo. El ex fiscal y ex presidente del Instituto de Colonización, Raúl J. París, quien oportunamente dispuso una pormenorizada inspección de las Parcelas 218 y 219 adjudicadas a Bravo. La directora de Legislación de la Tierra del Instituto de Colonización indicó a Avelina Azarevich y a Daniel Bravo que solicitaran la adjudicación judicial del predio al Juez del sucesorio de Bravo porque eran herederos declarados en el Expte. N° 322/11, del juzgado civil y comercial N° 1 de Sáenz Peña.

Pero detrás de todo esto se venía gestando otra de las operaciones inmobiliarias irregulares que comenzaron a organizarse a partir del año 1999, que luego se hicieron moneda corriente en el Instituto de Colonización.

Para generar un aparente marco legal a favor de la adjudicación de las tierras fiscales a Bravo, el presidente de Colonización, Walter Ferreyra, firmó este año una resolución de “transferencia” de la adjudicación de padre a hijo. Concretamente, hizo figurar que Juan Julio Bravo -ya fallecido- transfirió la adjudicación a favor de su hijo, Juan Daniel Bravo. El trámite y el instrumento legal dictado parecen totalmente irregulares porque carecen de solicitud y violan los procedimientos legales perfectamente establecidos. Es evidente que si Juan Julio Bravo falleció nunca pudo solicitar por nota, como correspondía hacerlo, que las parcelas fueran transferidas a favor de su hijo.

El por qué de todo el mecanismo perpetrado

Una conocida y poderosa familia empresaria de Pampa del Infierno habría comprado a precio irrisorio las mejoras a los herederos de Juan Julio Bravo. La operación se habría formalizado en agosto del presente año. Hasta esta fecha ningún personal de Colonización realizó ninguna inspección ni informes sobre el predio que se encontraba abandonado y sin actividad alguna, lo que debió determinar que el Instituto de Colonización iniciara hace años el trámite de desadjudicación que se otorgara a Bravo, seguido del recupero de las tierras fiscales.

Como el Instituto actuó de manera negligente, si es que directamente no ha propiciado intereses espurios que van en contra del patrimonio provincial, se pudo concretar la compra de las mejoras por parte del grupo económico de Pampa del Infierno, que nuevamente salió beneficiado a pesar de que cuenta con capitales y patrimonios suficientes para comprar campos en ventas en el mercado inmobiliario rural privado.

Hace tiempo que en el expediente se presentó una transferencia de padre a hijo. Pero resulta que nunca se perfeccionó. Lo que se intenta es “regularizar” el esquema para justificar la adjudicación al fuerte grupo empresario de Pampa del Infierno, para lo cual actuaron de modo claramente ilegal. Bravo estaría fallecido, por lo que de “perfeccionarse” la transferencia afectaría –además- a los restantes herederos. Resulta obvio que el “negocio” no podría cerrarse limpiamente al no existir un adjudicatario físico que pueda transferir las mejoras al supuesto comprador de las mejoras, ni tampoco se estaría cumpliendo con las pautas del protocolo administrativo.

Aparentemente el presidente firmó la autorización de transferencia de padre a hijo sin conocimiento del adjudicatario fallecido, por lo cual se armó una “pequeña discusión” de cómo pudo pasar este dato sin advertirlo, en el espacio vital de Colonización. Sin embargo, luego continuaron con el trámite.

La empresa tomó posesión de las parcelas y desmontó

La poderosa empresa familiar ya ha tomado posesión y ocupa las dos parcelas adjudicadas a Bravo. Ejecutó extensos desmontes perimetrales de los dos predios. Estas parcelas están ubicadas a poco más de 2 kilómetros, aproximadamente, del Establecimiento Las Rejas y de Tantanacuy, el emprendimiento de conservación y ecoturístico que navega entre los desmontes totales de los campos vecinos.

El desmonte perimetral se ejecutó sin que aparentemente se contara con el correspondiente Permiso que debió otorgar la Dirección de Bosques. Esto es así en función de que cuando el Centro Mandela visitó el campo, el desmonte ejecutado era reciente y no se exhibía en la tranquera del predio rural el cartel que obligatoriamente debe publicarse, en el que deben figurar los datos que permitan individualizar el número del expediente en trámite de la D. de Bosques para obtener el permiso de deforestación, el titular del campo, la disposición que ordenara el desmonte, la superficie autorizada y el técnico responsable, entre otros datos que obligatoriamente deben figurar.

Se puede decir que el único trabajo de desmonte fue el realizado en el veril Norte y Oeste, que es un deslindado perimetral. No hay rastros de otros trabajos dentro del predio. En los hechos reales y por lo observado en Imagen del 25/04/2018, se continúan realizando trabajos pero en forma sigilosa. Se limpia o desmonta tímidamente en zona verde (Cat. 0). Es obvio operan así para no levantar sospechas.

Se puede observar que sobre el veril Este, que da sobre la Picada 82, existen algunas mejoras, salvo la extracción de madera intensiva.

Perfeccionando para el saqueo

Tal cual ha ocurrido en el caso Bravo, distintos funcionarios del Instituto de Colonización parece que tratan de perfeccionar y dar marco legal a la entrega fraudulenta de grandes superficies de tierras fiscales a reconocidos y poderosos empresarios o testaferros locales o foráneos.

Los intermediarios siguen siendo los mismos reconocidos profesionales del interior de Chaco. Lo lamentable de esta historia es que, según lo denunciaba París, nada de esto sería posible sin la complicidad de algunos funcionarios públicos que se han enriquecido, con la complacencia, la participación y asesoramiento de pocos empleados del organismo.

Es evidente, entonces, que continúa -intensamente y con impunidad- el saqueo de tierras fiscales en Chaco, en sus distintas modalidades, encuadres y argumentos, que tuvo su auge durante el gobierno de la Alianza, que fue determinante para la época, y que siguió después del triunfo electoral de Jorge Capitanich y de Domingo Peppo. Es claro que la fiesta continúa y beneficia a pocos empresarios, expulsa a minifundistas y pequeños campesinos, despuebla el campo y cierran escuelas y puestos sanitarios.

Tal ha sido el desmanejo y los fraudes cometidos para que los empresarios compraran tierras fiscales a precio vil que “se hizo famoso el mecanismo perpetrado”, fundamentalmente a partir de la gestión del exgobernador Ángel Rozas. El procedimiento de saqueo siguió y continúa intensamente en la actualidad, a propósito de la expansión de la frontera agrícola que avanzó comandado por mega sojeros, girasoleros y maiceros de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que comienza a ser los reyes de El Impenetrable y de las regiones cercanas.

Hace tiempo que en el expediente se presentó una transferencia de padre a hijo. Pero resulta que nunca se perfeccionó. Lo que se intenta es “regularizar” el esquema para justificar la adjudicación al fuerte grupo empresario de Pampa del Infierno, para lo cual actuaron de modo claramente ilegal. Bravo estaría fallecido, por lo que de “perfeccionarse” la transferencia afectaría –además- a los restantes herederos. Resulta obvio que el “negocio” no podría cerrarse limpiamente al no existir un adjudicatario físico que pueda transferir las mejoras al supuesto comprador de las mejoras, ni tampoco se estaría cumpliendo con las pautas del protocolo administrativo.

Aparentemente el presidente firmó la autorización de transferencia de padre a hijo sin conocimiento del adjudicatario fallecido, por lo cual se armó una “pequeña discusión” de cómo pudo pasar este dato sin advertirlo, en el espacio vital de Colonización. Sin embargo, luego continuaron con el trámite.

La empresa tomó posesión de las parcelas y desmontó

La poderosa empresa familiar ya ha tomado posesión y ocupa las dos parcelas adjudicadas a Bravo. Ejecutó extensos desmontes perimetrales de los dos predios. Estas parcelas están ubicadas a poco más de 2 kilómetros, aproximadamente, del Establecimiento Las Rejas y de Tantanacuy, el emprendimiento de conservación y ecoturístico que navega entre los desmontes totales de los campos vecinos.

El desmonte perimetral se ejecutó sin que aparentemente se contara con el correspondiente Permiso que debió otorgar la Dirección de Bosques. Esto es así en función de que cuando el Centro Mandela visitó el campo, el desmonte ejecutado era reciente y no se exhibía en la tranquera del predio rural el cartel que obligatoriamente debe publicarse, en el que deben figurar los datos que permitan individualizar el número del expediente en trámite de la D. de Bosques para obtener el permiso de deforestación, el titular del campo, la disposición que ordenara el desmonte, la superficie autorizada y el técnico responsable, entre otros datos que obligatoriamente deben figurar.

Se puede decir que el único trabajo de desmonte fue el realizado en el veril Norte y Oeste, que es un deslindado perimetral. No hay rastros de otros trabajos dentro del predio. En los hechos reales y por lo observado en Imagen del 25/04/2018, se continúan realizando trabajos pero en forma sigilosa. Se limpia o desmonta tímidamente en zona verde (Cat. 0). Es obvio operan así para no levantar sospechas.

Se puede observar que sobre el veril Este, que da sobre la Picada 82, existen algunas mejoras, salvo la extracción de madera intensiva.

Perfeccionando para el saqueo

Tal cual ha ocurrido en el caso Bravo, distintos funcionarios del Instituto de Colonización parece que tratan de perfeccionar y dar marco legal a la entrega fraudulenta de grandes superficies de tierras fiscales a reconocidos y poderosos empresarios o testaferros locales o foráneos.

Los intermediarios siguen siendo los mismos reconocidos profesionales del interior de Chaco. Lo lamentable de esta historia es que, según lo denunciaba París, nada de esto sería posible sin la complicidad de algunos funcionarios públicos que se han enriquecido, con la complacencia, la participación y asesoramiento de pocos empleados del organismo.

Es evidente, entonces, que continúa -intensamente y con impunidad- el saqueo de tierras fiscales en Chaco, en sus distintas modalidades, encuadres y argumentos, que tuvo su auge durante el gobierno de la Alianza, que fue determinante para la época, y que siguió después del triunfo electoral de Jorge Capitanich y de Domingo Peppo. Es claro que la fiesta continúa y beneficia a pocos empresarios, expulsa a minifundistas y pequeños campesinos, despuebla el campo y cierran escuelas y puestos sanitarios.

Tal ha sido el desmanejo y los fraudes cometidos para que los empresarios compraran tierras fiscales a precio vil que “se hizo famoso el mecanismo perpetrado”, fundamentalmente a partir de la gestión del exgobernador Ángel Rozas. El procedimiento de saqueo siguió y continúa intensamente en la actualidad, a propósito de la expansión de la frontera agrícola que avanzó comandado por mega sojeros, girasoleros y maiceros de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que comienza a ser los reyes de El Impenetrable y de las regiones cercanas.