El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, presentó un amparo contra la Municipalidad de Resistencia pidiendo que se declare la nulidad judicial de las resoluciones 1.835 y 2.475 que dictó la intendente Aída Ayala el 29 de julio y el 23 de septiembre sobre la instrumentación de pases a planta de más de 700 agentes y por otro lado también exige que se cumpla con el cupo de cargos para personas con discapacidad que establece la Ley 25.689.
Hasta aquí todo bien, pero resulta paradójico que sea Corregido quién exija este tipo de medidas transparentes. En una publicación de NOVA del mes de abril de este año, se dejó al descubierto un operativo de pases a planta en la Defensoría del Pueblo, sin un concurso de por medio, en donde personas allegadas a su titular estaban incluidas e ingresaron a la planta permanente. Entre estos beneficiados habrían estado incluidas varias “amiguitas” que tendrían una relación mucho más personal con el ombudsman.
Personas allegadas al municipio capitalino se encargaron de refrescar estas maniobras por medio de un comunicado de prensa anónimo, en el que expresaron su disconformidad con la parcialidad que adopta el Defensor del Pueblo en algunas cuestiones en la que se ve involucrada la actual gestión de la Municipalidad de Resistencia. “Corregido es un monigote de Capitanich que solo busca poner palos en la rueda y trabar las acciones que de manera transparente se ejecutan en la comuna”, expresa el parte de prensa.
Pedido a la Justicia
Por medio de una acción de amparo, el defensor solicitó que se anulen todos los actos administrativos posteriores derivados de las resoluciones mencionadas y que se ordene al organismo que la designación de todo personal de planta permanente sea a través de un concurso público de antecedentes y oposición, como lo marca la Carta Orgánica Municipal y la Constitución de la Provincia del Chaco. A su vez, mediante una medida cautelar de no innovar, Corregido pide que se adopten medidas urgentes para la suspensión de esas resoluciones.
