Expectativa ante la posibilidad de un nuevo juicio al terrorismo de estado en la región
El miércoles 4 de noviembre el Tribunal Oral Federal de Resistencia notificó a partes para que inicien el ofrecimiento de pruebas según publicó el DARIO de la Región, con lo cual podría estar iniciándose antes de la Feria judicial de fin de año, el 4to juicio por delitos de Lesa Humanidad en el Chaco, en el que se investigan torturas y desapariciones en el ex centro clandestino en 1977, así como la comisión del delito de violación como crimen de lesa humanidad y están imputados once represores.
Con la notificación realizada durante la jornada del miércoles por el tribunal que integran los magistrados Eduardo Belforte, Luís Gonzáles y Aldo Alurralde, provenientes de las jurisdicciones de Formosa, Corrientes y Reconquista respectivamente, se da la posibilidad de que 2015 culmine con un proceso de juzgamiento a los crímenes gravísimos perpetrados por el terrorismo de Estado en la región recibe un nuevo impulso.
Los organismos de DDHH de la Comisión Provincial por la Memoria compartimos con la comunidad nuestra expectativa de llevar a juicio a los responsables de crímenes gravísimos contra la dignidad humana, cometidos en el ex centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, entre ellos un abuso sexual que por primera vez será considerado como delito de lesa humanidad en la provincia.
Asimismo, insistimos en la necesidad de llevar a juicio a los cómplices judiciales, y reiteramos nuestra preocupación ante la resistencia de determinados magistrados del Poder Judicial Federal de Chaco para que pueda juzgarse la complicidad y connivencia con el terrorismo de Estado en la provincia del ex juez Federal Ángel Córdoba y del exfiscal Federal Roberto Mazzoni. Ambos funcionarios judiciales se encuentran imputados, detenidos y procesados por delitos de lesa humanidad contra una decena de detenidos políticos alojados en el Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones y en la U7 y por asociación ilícita. Por tal razón, se exige y demanda a la Cámara Federal de Resistencia a confirmar el procesamiento de los funcionarios judiciales y se permita así continuar “con el proceso de juzgamiento por delitos de lesa humanidad en Chaco.
La causa
En la causa Caballero II, serán juzgados 11 represores imputados por “tormentos agravados, Privación Ilegítima de la Libertad y desaparición forzada de personas” cometidos en el ex centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, entre ellos un abuso sexual que por primera vez será considerado como delito de lesa humanidad en la provincia. En todos los casos fueron secuestrados en operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del ejército y con participación del grupo de tareas de la Dirección de Investigaciones y sufrieron todo tipo de tormentos en el tenebroso Centro Clandestino de la Brigada de Investigaciones
Entre los imputados, se encuentran oficiales del Ejército y agentes de la Policía de Chaco, algunos de los cuales ya fueron condenados en la primera parte de la causa Caballero y también durante el juicio por la Masacre de Margarita Belén, realizados en 2010 y 2011, respectivamente.
Llegarán al banquillo oficiales del Ejército como el capitán Tadeo Bettolli y el teniente Luís Alberto Patetta, quienes recibieron una condena de 25 años de cárcel durante el primer juicio de la causa Caballero. También, se juzgará a efectivos de la Policía de Chaco y a oficiales de la Dirección de Investigaciones de Resistencia, como el comisario Ramón Meza, el sargento Gabino Manader, el oficial Principal Francisco Rodríguez Valiente y los agentes Enzo Breard, Héctor Roldan, José Marín, Albino Borda, Ángel Ibarra y Miguel Pelozo.
Desapariciones
Durante este juicio, se juzgarán los hechos ocurridos en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, que actualmente funciona como la Casa por la Memoria, que entre otros tuvieron como víctimas al matrimonio integrado por Sara Ayala y Pedro Morel, quienes militaban en las Ligas Agrarias de la zona de Goya, Corrientes.
Ayala y Morel se encuentran desparecidos desde mediados de 1977, cuando fueron vistos por última vez con vida en ese centro clandestino de detención, en un precario estado de salud debido a los tormentos que habrían padecido. Las otras víctimas que serán parte del juicio oral son tres militantes de la JUP de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste que fueron secuestrados en noviembre de 1976, así como tres militantes peronistas detenidos en abril de 1976 y un campesino integrante de las Ligas Agrarias de Chaco.
Vejaciones
En todos los casos, las víctimas fueron secuestradas durante operativos de fuerzas conjuntas, encabezados por oficiales del Ejército y con activa participación de efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco.
En este proceso, también se juzgará por primera vez en el nordeste argentino la comisión de un delito sexual como un crimen de lesa humanidad, debido a un planteo de la Fiscalía Federal de Resistencia de requerir esta imputación como parte de la metodología de vejaciones impuestas en forma sistemática por el terrorismo de Estado.
