La mega estafa a la Anses por el pago de asignaciones familiares a través de empleadores insolventes que debían devolver el 50% de lo que percibían a gestores y organizadores delictivos, generó que desde ámbitos federales se tomara la decisión de inhibir el pago de un total de 35 millones de pesos en el presente mes, a fin de evitar que se sigan produciendo nuevos delitos contra el estado nacional.
“Es increíble la gran cantidad de casos que detectamos, como por ejemplo empleados que figuran trabajando en Humahuaca, o en el sur del país, gente que tiene una pensión no contributiva pero que sin embargo figura con 20 o 50 empleados y, para colmo de sus males, ni siquiera lo sabían”, explicó ayer a NORTE la jefa de la UDAI Sáenz Peña de la Anses, Silvana Arana.
La funcionaria señaló que se viene realizando un trabajo “silencioso” desde febrero último -aunque este tipo de delitos se vienen cometiendo desde años atrás- detectando algunos casos que son para el asombro. La justicia federal investiga una megaestafa contra la Anses estimada en unos 45 millones de pesos, pero que al estar de las fuentes, “ya podría hablarse de unos 55 millones de pesos”, según dijeron, por parte de empresas fantasmas que a partir de denominadas “células” inscribían a empleadores insolventes que reclutaban de entre 20 a 50 personas, para el cobro de las asignaciones familiares, los cuales debían entregar la mayor parte de este beneficio a quienes los habían “contratado” y estos a su vez, a los organizadores.
En este conjunto de causas donde se habrían formalizado centenares de expedientes originados a partir de la creación de empleadores insolventes “motivados” por organizadores que tendrían domicilio en Sáenz Peña, Quitilipi, Pampa del Infierno y otras localidades del interior chaqueño, que por condición de “empresas fantasmas” falsean datos de domicilios para no ser detectados.
Empleadores insolventes, beneficiarios lejanos
Paralelamente, se supo que de los expedientes que se tramitan en el tribunal federal de Primera Instancia con sede en la calle Mitre 369 de Sáenz Peña, se deduce la existencia no solo de empleadores insolventes sino de “organizadores invisibles”, ya que se hace muy difícil detectarlos porque “no dejan huellas salvo la estafa, la gran estafa, y allí se centra la investigación”, señaló la fuente reservada a este diario.
Los beneficiarios, en su mayoría, son personas de escasos recursos de la zona de El Espinillo, Fuerte Esperanza, Pampa del Infierno y Miraflores, entre otras comunidades, pero también de Monte Quemado y otras localidades de la vecina provincia de Santiago del Estero.
El modo de operar de los presuntos estafadores es muy distinto al de años atrás, cuando se produjeron algunas detenciones por causas similares. Los operadores, para estos casos actuales donde la megaestafa llegaría a los 45 millones de pesos, se dedicaron a reclutar falsos empleadores, todos ellos insolventes. Los inscribían como tales y estos a la vez tomaban entre 20 y 50 empleados. Así, se hacían centenares de presentaciones ante la Anses reclamando el pago de las asignaciones familiares.
