Entregaron pedido formal de desentendimiento de los juicios contra pueblos originarios
En la sede del Superior Tribunal de Justicia, este jueves se hizo entrega del pedido de la desestimación en los juicios penales contra pueblos originarios. La petición formal, que fuera rubricada por el gobernador Oscar Domingo Peppo, para que desde allí se deje sin efecto aquellos procesos legales contra pueblos originarios que se iniciaron desde el gobierno provincial años atrás, por hechos ocurridos en la localidad de General San Martín.
El pedido fue entregado por el secretario de Derechos Humanos de la provincia Ricardo Goya al procurador Adjunto Miguel Fonteina, acto en el que también participaron legisladores provinciales, el subsecretario Néstor Sotelo y el presidente del Comité contra la Tortura, Mario Bosch.
Ricardo Goya lo calificó como “un acontecimiento muy importante, ya que esto trasciende lo acontecido en este hecho en sí”, explicando que “se trata de una propuesta de descriminalización de la protesta social, se trata de una clara posición del estado chaqueño, en la manifestación de sus tres poderes a favor de reparar los daños sufridos por las comunidades en torno a la constitución de causas originadas en protestas sociales”.
Por su parte el procurador adjunto Miguel Fonteina detalló que esto sirve para “articular todo lo que esté al alcance legal, justamente para encontrar las medidas de soluciones al conflicto, para que esto quede en un cierre definitivo, esto es un paso muy importante” a la vez que ratificó “tenemos un compromiso de fijar con esta herramienta que ya no hay necesidad de continuar con la persecución”.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos Orlando Charole manifestó “venimos a acompañar esta presentación que ha firmado el gobernador Domingo Peppo, esto que para nosotros constituye un hecho sin precedentes en este Superior Tribunal y en el ámbito de la procuración general” considerando “la relevancia del hecho que los procesados, que si bien son indígenas, de ninguna manera esto puede descalificar otras protestas de carácter social” a la vez que consideró que “esto orienta a un mecanismo en defensa del ser humano, y de sus derechos fundamentales”.
