El traspaso de los recursos federales que nunca se cumplió y la falta de recursos humanos debilitan al fuero local
Al ministro Germán Garavano, seguramente el Superior Tribunal de Justicia del Chaco no le plantaerá el pedido, NOVA sí. Es absolutamente vital que el Estado nacional compense el dinero que la Nación se ahorró cuando el Estado chaqueño se hizo cargo del trabajo que antes realizaba la Justicia Federal. Si en verdad el presidente Mauricio Macri quiere combatir el narcotráfico, la Justicia chaqueña necesita más presupuesto, tecnología y recursos humanos para hacer frente al fortalecimiento de las bandas de narcotraficantes que hay en la provincia y en la región.
El 6 de mayo de 2015, la provincia del Chaco sancionó la ley 7573, adhiriendo a la ley nacional 23.737, en las condiciones establecidas por la ley 26.052, que confiere competencia para investigar y juzgar los delitos establecidos en el art. 34 de la ley de Estupefacientes, más conocida como Ley de “Narcomenudeo”.
En principio, la idea fue descomprimir al fuero federal con delitos menores como ser la tenencia de estupefacientes para consumo o la venta “minorista”, “dealer´s” o “kioscos” de ventas de drogas. Pero no se tuvo en cuenta el impacto sobre la policía y la justicia provincial, que además de cobrar mucho menos que su par Federal, carece de la cantidad suficiente de recursos humanos y logística necesaria.
De tal gravedad es la situación que, que luego de más de tres años de sancionada la ley de Narcomenudeo, solamente existe un Juzgado de Garantías con competencia en la primera Circunscripción Judicial, y dos Fiscalías Antidrogas y una sola Defensoría Oficial para toda la provincia: el sentido común indica que no es posible brindar, adecuadamente, el servicio de justicia en las seis Circunscripciones en la que está dividida la provincia judicialmente.
También es dable esperar que el gobierno Federal aporte recursos para compensar esa carga absorbida por el Estado chaqueño, de manera de poder desarrollar una adecuada investigación. Pero esa promesa nunca fue cumplida, nunca llegó una compensación económica para el Estado provincial.
El déficit es estructural y además acompañado por la falta de recursos humanos, tan sólo la Circunscripción I cuenta con sistema informatizado, el sistema S.I.G.I., las demás llevan los expedientes en hojas de papel. Tampoco cuenta con el servicio técnico adecuado para analizar los teléfonos que son incautados en los operativos, para poder profundizar en el conocimiento las redes de comercialización de los estupefacientes. Cada fiscalía cuenta con un ayudante, pero necesita más empleados para atender la demanda que crece sin interrupciones.
La lucha contra el narcotráfico y la narcocriminalidad es muy compleja, pero no sólo con bonitos discursos y jornadas se podrá lograr un relativo éxito, si es que no se atienden y solucionan estas falencias que son imprescindibles, habrá larga vida y muy buena salud para este flagelo.
