El 24 de marzo de 1983, viviendo el país aún bajo la dictadura, un accidente aéreo en la Escuela de Aviación de Córdoba se cobró la vida de Walter Goy y su instructor, en un avión Mentor de entrenamiento.

Goy había recibido pocos días antes la noticia de que su novia estaba embarazada. Ella no lo vio nunca más, sabía que debía esperar a que él se recibiera de alférez, primer grado de oficial de la carrera militar en la Fuerza Aérea, porque eran épocas en las que si se hacía público, debía abandonar su carrera.

Pero su novia pensó que se había asustado, ya que fue mucho después y por unos compañeros de él que se enteró que había muerto. Los restos de Walter llegaron a Sáenz Peña, Chaco, con el cajón cerrado. Nunca nadie reconoció el cuerpo y su madre lo enterró conforme.

En noviembre del mismo año, nació Natalia, hija de Goy, el cadete muerto en la Escuela de Aviación y una estudiante de enfermería que vivía en Córdoba. Su mama se puso en contacto con la familia, para que sea reconocida y lo que le ofrecieron fue darle el apellido a cambio de quedarse con la niña. A lo que su madre dijo que no, aunque a pesar de eso nunca impidió el contacto con la abuela y la tía, llamada Sirley Gladis Goy, a quien Natalia siempre sintió como una persona agresiva.

En 1984 se repartieron los bienes sin tenerla en cuenta y comenzó una sistemática negación de la identidad, llegando a culpar a la madre de Natalia por no haber accedido a entregarla a cambio del apellido paterno.

La vida de la joven no fue fácil: su mama murió cuando ella era una adolescente y lo único que recibió de su familia paterna fue la negación de su identidad. Si le dieron en cambio -cuenta Natalia- el apellido a un niño adoptado por Sirley en condiciones dudosas, en épocas de la dictadura.

Natalia decidió ser abogada para llevar adelante su propia lucha, sorda por años. En 2013 presentó una demanda por su derecho a la identidad, siempre solicitando la exhumación del cuerpo de su padre, lo que le fue negado rotundamente.

Recurrió a organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y a otras ONGs que se dedican a luchar por el derecho a la identidad, pero nunca nadie la escuchó. Intentó contactarse con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que leyó sus mensajes y jamás le respondió.

Los estados provinciales y nacionales no deberían abandonar a las personas en estas búsquedas, porque se convierten en cómplices de quienes niegan el derecho humano a la verdad de Natalia. No son los organismos no gubernamentales los que deben hacerse cargo, sino el Estado, y no lo hace.

El caso duerme en la Justicia. La abuela de Natalia no permite que el Juzgado la notifique porque cada vez presenta un domicilio distinto. La última medida pedida es el ADN en subsidio, con el cuerpo del padre de Walter Goy, el abuelo de Natalia, porque como nadie lo vio cuando lo llevaron al Chaco, la joven teme que hayan procedido a alguna maniobra fraudulenta con el mismo. Los Goy son una familia que se autodenomina “influyente” en esa provincia.

Natalia nunca supo quién fue el albacea de su padre, figura obligada en la vida militar, quien podría haber aportado algún dato que le fuera de utilidad. El juez que tiene la causa es Marcelo Benítez, que es quien en estas instancias tiene que poner orden en la causa. En la demanda nunca se pidió ADN con la abuela. Es sabido que en Presidencia Roque Sáenz Peña hay un juez para tres Juzgados y que muchas veces están de paro, por lo que las causas se atrasan muchísimo. Pero siendo el derecho a la identidad un derecho humano, es inadmisible que se permita tanta chicana por parte de la familia Goy.

Lo patrimonial se puede arreglar, lo que ya no tiene remedio es el daño en la vida de Natalia, que creció carente de todo, mientras veía a su primo gozar de los caprichos que se le antojaban. Ella es la única heredera de Walter Goy.

“Creí conocer a mi abuela, que reza todo el día y decía que rezaba por mí, pero siempre me negó la identidad que es un derecho. Yo si rezo por ella, para que se le ablande el corazón; pero es ella la que se pierde hoy de disfrutar a mi hijo, que es su bisnieto”, asegura la abogada.

A Natalia le quitaron, le robaron y le negaron su identidad. Es algo que no puede seguir pasando después de casi 35 años de democracia.