Somos Monte insiste en sus reclamos

Somos Monte Chaco es un movimiento unitario y heterogéneo, que funciona de manera asamblearia y está constituido por muchas organizaciones, instituciones y personas que cuestionan el mal manejo de los bienes (recursos) naturales y los desmontes en Chaco.

El primer planteo relevante que realizó este espacio se produjo el 11 de diciembre de 2018, en la localidad de Los Frentones, luego de que las organizaciones y sectores allí agrupados realizaron una presentación, formal y suficientemente fundamentada, para reclamar la suspensión de la actualización del ordenamiento de los montes en Chaco, que dio origen al Decreto Nº 298/19.

El gobernador Peppo finalmente comprendió que debía paralizar el proceso porque estaba plagado de irregularidades y se orientaba a “blanquear” las deforestaciones ilegales que irregularmente se autorizaron en zona protegida del mapa del OTBN, con la complaciente intervención de la Subsecretaría de Recursos Naturales y de la Dirección de Bosques, organismos que están muy comprometidos y sospechados de tráfico de influencias y de corrupción, sobre todo las gestiones puntuales de los principales funcionarios de las dos áreas.

Un decreto que intentó lavar la ropa sucia y que no alcanza

En enero, el gobernador firmó el Decreto 298/19 para intentar calmar los insistentes reclamos de Somos Monte y los impactantes escraches que desarrolló Greenpeace durante los últimos meses, que puso al Gobierno chaqueño en el foco de los medios nacionales masivos de comunicación, cuyas publicaciones luego replicaron en Chaco.

Apenas se conoció el decreto, rápidamente se detectó que no revisaba ni revocaba los 53 (¿?) permisos de desmontes que ilegalmente autorizó el Gobierno en zona protegida por un total aproximado de 33 mil hectáreas, que fueron otorgados hasta junio de 2018, insistentemente denunciados por el Centro Mandela.

Consta de varios puntos el documento que el movimiento Somos Monte Chaco presentó y amplió en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que contó con la presencia del subsecretario Olivares. Por un lado, reclamaron que el subsecretario intervenga para detener los desmontes ilegales que continúan en zona amarilla y que informe a la Cámara de Diputados todo lo ocurrido, además de declarar la Emergencia Ambiental por la grave situación de riesgos y daños que impactan en el equilibrio del ecosistema chaqueño.

Respecto a la actualización del OTBN, las organizaciones reclamaron que se respete el principio de no regresión y que se aplique el de progresividad en materia de conservación de bosques nativos, conforme las pautas de la Ley de Presupuestos Mínimos, de tal modo que se preserven los ecosistemas y los montes en las zonas amarilla y roja.

Además pidieron por la defensa social y cultural en la región, más la aplicación de un programa de restauración de las áreas afectadas por los desmontes a tala rasa, en las que grandes productores ya desarrollan la producción agrícola transgénica.

Otro punto importante que se planteó fue la necesidad de proteger los derechos laborales de los trabajadores forestales y forestoindustriales, y a quienes se encuentren relacionados con tales actividades porque están sumamente desprotegidos.

Por último, en el documento presentado ante la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura se exigió la garantía de participación ciudadana vinculante en el proceso de actualización del OTBN con la entrega por parte del Gobierno de toda la información que es necesario analizar en todo proceso de actualización del ordenamiento de los montes. No dejó de reclamarse sobre el destino de las partidas presupuestarias que llegaron al Chaco desde Nación a través del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, que es una cuestión absolutamente oscura en materia de administración de recursos.

Fuerte cuestionamiento político

Entre las exposiciones de los integrantes de Somos Monte, Rolando Núñez, coordinador del Centro Mandela e integrante de Somos Monte Chaco, realizó un recorrido histórico y un análisis del modelo económico y productivo que genera el saqueo de los recursos naturales y la implementación de la agricultura industrial intensiva, con las graves consecuencias ambientales que conlleva.

Recordó la Carta a los Pueblos del Mundo de 1975 que Juan Domingo Perón, en el exilio, planteó a los gobiernos europeos sobre la necesidad de entender y tratar el ambiente (el planeta) como una cuestión netamente política por lo que entendía que estaba por ocurrir en los mercados de producción y de consumo en el mundo.

Lo que claramente entabló Perón fue que el manejo y la administración del ambiente era una cuestión netamente política y que se debía tener la precaución de que los burócratas no manejen ese tema sin lineamientos políticos porque eso posibilitaría el avance monopólico de las grandes empresas para apropiarse de las tierras y de los recursos naturales. Todo indica que la dirigencia política argentina no leyó la Carta de Perón y si lo hicieron no estuvieron de acuerdo. En cualquier caso, falló el líder y perdió el planeta.

En el mismo sentido, Núñez recordó la trascendencia de política ambiental desarrollada en la Encíclica Ambiental (Laudato Si’) del Papa Francisco (2017), que fue un mensaje y requerimiento ecuménico para los 1.200 millones de católicos del mundo diciéndoles que tenían que comprometerse en la defensa del planeta y luchar contra la degradación ambiental para revertir el cambio climático, y proteger a las poblaciones más vulnerables.

El Papa desarrolló la política ambiental desde un imperativo netamente moral frente a una economía de exclusión. La hoja de ruta de Laudato Si’ parece que todavía no fue comprendida en Chaco, sino hasta que se produzca una catástrofe ecológica mayor, y debería ser escuchado a través de un proceso de conversión ecológica.

Núñez planteó que “estos modelos de producción y de rentabilidad se basan en la expoliación extrema. El tema ambiental debe ser discutido políticamente. En la ejecución de la Ley de Presupuestos Mínimos despolitizamos y dejamos que los intereses económicos de filiales argentinas de empresas multinacionales hagan lo que quieran. Si no se politiza, se burocratiza, en vez de establecerse este tema como un eje central de la discusión política, de la planificación estratégica y del uso racional de los bienes naturales de los argentinos en nuestra casa común”, reflexionó.

El gran bonete: ¿Yo señor? Sí señor. No señor

Con respecto a la actual coyuntura de la Provincia, Núñez reclamó “el análisis jurídico completo, expediente por expediente, de los casos de recategorizaciones de campos en zona prohibida. Donde encontremos irregularidades, se tomarán medidas. Mientras tanto, hemos pedido, como Centro Mandela, formando parte de Somos Monte Chaco, la anulación de todo el proceso de actualización del OTBN por irregularidades insubsanables en el trámite, la anulación de todas las disposiciones dictadas por la Subsecretaria de Recursos Naturales que ordenaron las recategorizaciones en zona protegida y la anulación de todas las disposiciones que autorizaron los desmontes basados en esa categorización”.

Por su parte, el Subsecretario de Recursos Naturales resaltó la postura abierta al diálogo del Gobernador y funcionarios, y rescató la importancia del Decreto 298/19.

Dijo: “El decreto justamente suspende el proceso de actualización del OTBN hasta que no analicemos las propuestas y encaminemos las alternativas y modificaciones que nos hicieron desde las agrupaciones. Si Dios quiere (sic), en cualquier momento vamos a tener una respuesta o por lo menos, una propuesta para la modificación de esa alternativa al proceso que veníamos haciendo. Hay otros reclamos que también son relevantes, que se hicieron posteriormente a la sanción del decreto. También están en análisis y que creo que va a haber una respuesta en un breve tiempo”.

Con la misma vaguedad e imprecisión siguió Olivares cuando fue consultado por el diputado Bergia sobre la cantidad de permisos de recategorización y de desmonte otorgados en campos ubicados en zona protegida y el total de hectáreas que ya fueron desmontadas. Dijo que “cree” que son 53 permisos por un total de aproximadamente 33 mil hectáreas, y que se está generando una base de datos para que esta información sea de libre acceso.

Charole: “Un bosque que tenemos que cuidar entre todos”

Los diputados manifestaron su preocupación por la situación ambiental y la explotación de los recursos forestales, como así también por las condiciones laborales de los trabajadores del monte. Se comprometieron a convocar a una nueva reunión cuando lleguen los informes que solicitaron a la Dirección de Bosques y a la Subsecretaría de Recursos Naturales. A su vez, plantearon la posibilidad de iniciar conversaciones con el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) para discutir modelos productivos sustentables que favorezcan a la región y con el Ministerio de Salud para discutir los efectos adversos del desmonte.

La presidenta de la Comisión, Andrea Charole, concluyó: “Acá hay muchos intereses de por medio y me consta el trabajo que vienen desarrollando algunas organizaciones sobre el medio ambiente. Falta un debate serio sobre la política de medio ambiente. No quiero que esta reunión termine acá sino que tenemos que seguir trabajando. El mes pasado muchos me han señalado mi postura crítica al decreto del Gobernador, pero es porque transito constantemente en la ruta y veo mucho transporte de madera. Esto me duele mucho porque es un bosque que tenemos que cuidar entre todos. Le pido a Somos Monte Chaco que nos ayuden también para que este trabajo pueda salir adelante. Nos comprometemos a hacer una convocatoria más amplia con todos los actores”.