Este Superior Tribunal de Justicia como órgano superior de uno de los tres poderes del Estado de Derecho, confecciona con minuciosidad y análisis pormenorizado su anteproyecto de presupuesto anual, considerándolo no una mera expresión técnica y numérica en función de las ejecuciones presupuestarias anteriores sino en virtud de los objetivos programáticos y de gobierno judicial que año a año se establecen, a fin de dar cumplimiento a las leyes aprobadas y proyectos de leyes que establecen nuevos Tribunales.

Dable es de aclarar que las mismas en su mayoría provienen de iniciativas de la propia Cámara de Diputados, que sin considerar los límites constitucionales establecidos para el ordenamiento de gastos (artículo 57 de la Constitución Provincial), crea distintos Tribunales delegando al Poder Judicial la decisión de su puesta en funcionamiento, sin asignarle ni los créditos presupuestarios ni los cargos necesarios para llevar a cabo las medidas legisladas, lo que en definitiva resulta una mera expresión de deseos, toda vez que no se establecen los recursos con los cuales se harán frente a dichos gastos, con la consecuente imposibilidad de ponerlos en funcionamiento.

Así, y reiterando una práctica usual, del Anteproyecto aprobado por Acuerdo Extraordinario Nº 15 de este Superior Tribunal de Justicia por la suma de $ 1.914.000.000, el Poder Ejecutivo ha enviado una propuesta alternativa sin expresar las consideraciones exigibles, respecto a las modificaciones propuestas, según lo establecen los artículos 44º y 45º de la Ley 4787 de Organización y Funcionamiento de la Administración Financiera del Sector Público Provincial.

Es así que el Poder Ejecutivo, formula el Presupuesto para el Poder Judicial por la suma de $ 1.956.012.000, lo que aparecería en principio con la previsión de mayores créditos que los propuestos por el Poder Judicial.

Sin embargo analizado en profundidad, se detecta que se han realizado operaciones algebraicas de incrementos y disminuciones, donde incorporan por un lado la suma de $ 200.000.000 como previsión para Juicios Laborales (hecho no previsto en el Anteproyecto aprobado por el Poder Judicial) y disminuyen por otro lado (repartido en la totalidad de partidas) la suma de $ 157.988.000 con un impacto negativo muy importante en las partidas de Personal y Bienes de Capital.

Cabe aclarar que los procesos judiciales que se tramitan en la Cámara Contencioso Administrativa y que son de público conocimiento, condenan en todos los casos a la Provincia del Chaco a pagar la suma debida a los magistrados, funcionarios y empleados, por lo cual no puede asignarse a una sola Jurisdicción la previsión para atender los gastos de juicios, violando la manda que fijó el Tribunal sobre la obligada al pago.

En todo caso debe imputarse dicha partida a un ítem o concepto independiente de la jurisdicción del Poder Judicial.

En cuanto a las disminuciones, las mismas impactan directamente sobre los nuevos Tribunales a implementar en el año 2016 al reducir drásticamente la partida de Personal en la suma de $ 66.200.000 y eliminar totalmente los cargos requeridos para su puesta en funcionamiento.

Es así que entre otros Tribunales y Oficinas Judiciales, este Superior Tribunal de Justicia se verá impedido presupuestariamente de poner en funcionamiento la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Villa Ángela; los Juzgados del Menor y la Familia de Villa Ángela, Charata y Castelli; el Juzgado Penal de Faltas y Tutelar del Menor de Edad Nº 02 de Sáenz Peña, Cuatro Juzgados y Defensorías barriales para la ciudad de Resistencia, por mencionar algunos casos de la totalidad de dieciocho (18) objetivos propuestos para el año 2016.

Consideración aparte merece la implementación del Fuero contra el Narcotráfico, toda vez que a pesar de la necesidad e interés manifestado por el Poder Ejecutivo en su puesta en funcionamiento, lo cierto es que ha sido el presupuesto del Poder Judicial durante el presente ejercicio 2015 el que ha solventado los gastos necesarios para su implementación.

En efecto del total requerido para el año 2015 de $ 15.275.000, solo se ha incrementado el presupuesto en $ 8.615.000, y de los 53 cargos solicitados se han asignado solamente 33. Demás está decir que además de escasos, los créditos no han tenido un correlato en los fondos disponibles, los que se mantienen prácticamente inalterables mes a mes.

En definitiva, los créditos y cargos han sido recortados y no se han dispuesto de fondos para hacer frente a los gastos mandados a pagar, los que no obstante han sido afrontados por este Superior Tribunal de Justicia, a través de un ordenado planeamiento de sus disponibilidades financieras, postergando y difiriendo otros gastos que no resultan secundarios.

Esta situación se mantiene para el Presupuesto 2016, por lo cual peligra la continuidad del Fuero Especial instituido, o bien se mantendrá por pura y exclusiva determinación de este Superior Tribunal de Justicia en atención a la demanda comunitaria, pero a expensas de no atender otras necesidades.

No resulta posible en este comunicado, explicitar uno por uno la integralidad del impacto negativo de las disminuciones formuladas por el Poder Ejecutivo en su proyecto de presupuesto, sí cabe indicar a título ejemplificativo que de la totalidad de once (11) obras propuestas en el plan de obras públicas, los créditos asignados permiten la continuidad de solamente cuatro, con créditos asignados por $ 86.550.000, de los cuales $ 16.550.00 son atendidos con Recursos Específicos del Poder Judicial.

Por todo ello este Superior Tribunal de Justicia ha decidido en acuerdo (en consulta), que declina la invitación cursada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en tanto no se readecuen los créditos que permitan la atención por parte del Poder Judicial de las demandas y necesidades públicas de la sociedad en su conjunto que se encuentran reflejadas en el Presupuesto elaborado por el Superior Tribunal de Justicia.