En concreto: un numeroso grupo de personas que son representantes legales de varias clínicas y sanatorios que integran la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (Aclysa) están acusados de haber facturando prestaciones no efectuadas o de prestaciones no necesarias o coincidentes con las patologías de los pacientes.

La investigación comenzó cuando se registraron inconsistencias en las auditorias efectuadas del entrecruzamiento de las documentaciones remitidas por los representantes de los nosocomios integrantes de Aclysa.

Por ello la acusación va dirigida contra la Asociación de Clínicas en la persona de su presidente Armando Frangioli, y su secretario, Horacio Colman, como así también contra los responsables de las clínicas y sanatorios prestadores que integran dicha red.

Las irregularidades

“Dichos prestadores sobrefacturaron al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en los meses de agosto de 2017 a junio de 2018, valiéndose de documentaciones adulteradas para justificar prestaciones no efectuadas o no necesarias o no coincidentes con las patologías de los pacientes afiliados de dicho instituto”, dice el requerimiento de instrucción que elevó al Juzgado Federal de Resistencia, el fiscal federal Patricio Sabadini.

Asimismo, desde la UFI-PAMI, se realizó una denuncia en relación con la investigación preliminar iniciada a raíz de la acusación efectuada por el director ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a través de la cual se puso en conocimiento de posibles maniobras perpetradas por parte de los integrantes de Aclysa para defraudar al PAMI, mediante la presentación de documentaciones aparentemente apócrifas para justificar la aparente realización de prestaciones médicas realizadas a los afiliados en los meses de agosto de 2017 a junio de 2018.

Así también, refieren otras irregularidades: la falta de firma de conformidad del afiliado, ausencias de tiras en los informes cardiológicos, historias clínicas en computadora “clonadas”, mismo informe de radiografía de tórax en distintas internaciones y pacientes, ausencia de documentación filiatoria (DNI o recibo de haberes), prestaciones innecesarias que no se condicen con el cuadro de salud del paciente, internaciones de patologías que son de tratamiento ambulatorio, entre otras.

Ante esto, el fiscal Sabadini y Javier Arzubi Calvo, fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito del PAMI, solicitaron la instrucción formal por la presunta comisión de los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y uso de documento falso”.

Persecución

Por otra parte, trabajadores y trabajadoras de PAMI, organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) denuncian persecución gremial por parte de las autoridades del organismo que intentan impedir la realización de asambleas y castigar a quienes hayan participado de las mismas.

El secretario General de ATE Chaco, Mario Bustamante, expresó su “preocupación por esta situación totalmente violatoria de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Desde el Consejo Directivo Provincial de Chaco, expresamos nuestro más enérgico repudio a estas prácticas que lo único que intentan hacer es impedir la organización obrera y amedrentar a los trabajadores y trabajadoras que luchan, no sólo por su dignidad, sino por la eficiencia de los organismos para con la población”.

Los trabajadores están llevando adelante una medida de fuerza “contra la pésima situación de las Prestaciones Médicas y Sociales, las malas condiciones edilicias y de higiene y por un salario digno que se recomponga de acuerdo a la inflación”.

Denuncian que el Gerente de Recursos Humanos, Bernardo Prismazoff solicitó un listado, con nombre, apellido y número de legajo, de quienes paran, hayan participado en distintas asambleas.

ATE repudia “esta persecución gremial, considerándola violatoria de los derechos constitucionales de los trabajadores”.