La Ley de los Consorcios Productivos de Servicios Rurales, que contó para su sanción con la unanimidad de todos los bloques en diputados, con el consenso e interés del propio Poder Ejecutivo y con un amplio apoyo del sector de los pequeños productores, está lejos de cumplirse. No es un problema de recursos públicos sino de voluntad para direccionarlos a favor del sector más débil de la cadena productiva primaria. En definitiva, el Gobierno de Capitanich por incumplimiento de esta ley que el promulgó y de otras de origen provincial y nacional, adeuda a los pequeños y medianos productores la suma de más de 23 millones de pesos.

La Asociación de Consorcios Productivos de Servicios Rurales viene reclamando al gobernador Capitanich los fondos adeudados que por Ley Nº 6.547 les corresponden. La misma Subsecretaria de Desarrollo Rural del Gobierno Provincial realiza reiteradas gestiones ante la falta de acreditación de los fondos que han sido percibidos por la Provincia pero que no fueron girados a los Consorcios Productivos de Servicios Rurales.

El artículo 9 de dicha ley establece, en su último párrafo, que los fondos recaudados serán puestos a disposición de la autoridad de aplicación, en una cuenta especial, en un plazo no mayor de treinta (30) días desde su recaudación. Por información de la Asociación de Consorcios Productivos de Servicios Rurales el Poder Ejecutivo les adeuda fondos desde el ejercicio 2010.

El Fondo Específico para el Régimen de Consorcios Productivos de Servicios Rurales, que debe ser administrado por los Consorcios, porque así lo estableció la ley, se nutre de los siguientes recursos: el 75% de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural, el 35% de los pagos a cuenta por traslado de la producción primaria, el 50% de los fondos determinados por la ley 5755, el 20% del Fondo Algodonero Nacional, además de otros recursos nacionales o provinciales.

Todo va a la Caja Única del estado

La gestión del Gobernador Capitanich estableció el principio de Caja Única, es decir, que todos los ingresos que reciba el Estado vayan a una sola bolsa. Todo va a parar a una sola caja y el dinero no se gira según lo establecen las leyes. Como siempre, lo urgente priva sobre lo importante, se provocan discreciones en los gastos, se atienden eventos y actividades que nada tienen que ver con su especificidad y las ayudan no llegan y el desarrollo se estanca. Los pequeños y medianos productores, se encuentran con un tributo que no cumple la función con que fue creado. ¡Se sienten burlados!

El fondo para los Consorcios Productivos de Servicios Rurales fue concebido para lograr contención, desarrollo y fortalecimiento de los pequeños y medianos productores chaqueños. Para el cumplimiento de estos objetivos, el ejecutivo provincial debería haber puestos a disposición de los Consorcios Rurales, los recursos recaudados en un plazo no mayor de treinta (30) días. Sin embargo, existen informes oficiales de que el Estado Provincial incumple de manera sistemática con esto.