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Podría quedar sin efecto la designación

¿Durmieron la siesta? El Gobierno no mandó los acuerdos legislativos del directorio de Insssep

La presidente Irene Dumrauff y el síndico oficial Juan Ignacio Cáceres fueron nombrados el 10 de diciembre de 2023, y el plazo para obtener los acuerdos venció en marzo de 2024. (Foto: NOVA)

El Gobierno provincial estaría encumbrado en cometer errores, y en algunos casos como este completamente infantiles. Sucede que denuncian que el Ejecutivo encabezado por Leandro Zdero no envió los acuerdos correspondientes a los representantes oficiales del Insssep dentro del plazo que fija la ley, y provocaría que caiga la plana mayor del Directorio, encabezado por Irene Dumrauff. ¿De quién es la culpa de tamaño olvido o error? ¿O se podría vislumbrar que fue un olvido adrede, por quienes apetecen el sillón de Dumrauff?

La ley orgánica del instituto exige que los acuerdos legislativos del presidente, vicepresidente y síndico oficial sean enviados por el Poder Ejecutivo dentro de los 45 días corridos de su designación y, a partir de allí, la Cámara de Diputados tiene otros 45 días corridos para aprobar los pliegos.

Tanto Dumrauff (presidente), como Juan Ignacio Cáceres (Sindico Oficial), fueron nombrados el 10 de diciembre de 2023, y el plazo que tenían para obtener los acuerdos se venció en los primeros días de marzo de 2024. Vale aclarar que la vicepresidente “no correría la misma suerte”, ya que Jorge Gómez renunció a mediados de marzo, y fue reemplazo por Mariana Salom, que todavía no supera los plazos determinados por ley.

Mientras ya transcurre el mes de mayo y no habiendo obtenido los acuerdos legislativos, la ley 800-H (que regula al INSSSEP) en su artículo 11 decreta la caducidad automática de los mandatos e impone el reemplazo de aquellos funcionarios sin el acuerdo legislativo en tiempo y forma. Esto habría sido advertido y generado presentaciones ante la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Diputados provincial, que no tendría cómo subsanar el tema, dado que la ley fija el reemplazo automático.

Incluso, ante presentaciones en la Fiscalía de Estado y en el Tribunal de Cuentas, se comenzaría a analizar la validez de las decisiones de los meses de marzo y abril de estos funcionarios, dado que si sus mandatos están vencidos, sus resoluciones serían inválidas y agregarían más problemas a una gestión que no logra hacer pie.

Por otra parte, vale mencionar o preguntarse si ¿ninguno de los 40 asesores millonarios del directorio tuvo la capacidad de advertir tamaño “olvido”?. Con las cosas así, el actual coordinador de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Insssep, a quien ya lo expulsaron del gabinete, estaría en la mira.

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