Derechos Humanos de la provincia del Chaco giró 180º: más cercano a Mirtha Legrand y Bullrich
La Secretaría de Derechos Humanos pasó de conducción con referentes históricos e idóneos en la materia a una posición más en sintonía fina con el gobierno nacional, con Mauricio Macri. Quizá era necesario este rotundo giro en un sentido que muestra ser contrario o lo que llevó adelante Juan Carlos Goya, Silvia Robles, Néstor Sotelo y Julio García (el único que permanece en funciones) porque el gobernador Domingo Peppo hoy está más cerca ideológicamente con el gobierno nacional que con los preceptos que legaron Néstor y Cristina Kirchner.
Como el peronismo es un movimiento que abarca las ideas políticas que van de izquierda a derecha, no decimos que uno es más cercano que otro al peronismo, porque Carlos Menem –por ejemplo- también decía y era peronista, pero indultó a los militares genocidas de las juntas militares que habían sido condenados en un juicio histórico y ejemplo para el mundo en 1.985.
Desde la subsecretaria de #Promoción de #DDHH, perteneciente a la Sec. de #ddhh a cargo de Celeste Segovia, se recibió a miembros del Consejo Qompi que son baluartes en la Educación Bilingüe e Intercultural en América Latina, un ejemplo nacional e internacional.@celesegovia pic.twitter.com/7gTb6wPkXR
— Sec. DDHH Chaco (@SEC_DDHHCHACO) 14 de febrero de 2019
Lo cierto es que los primeros “mensajes” y muestras de la nueva composición de la Secretaría de DDHH de la provincia del Chaco que viene mostrando en las redes sociales, aplica ese paño de “reconciliación nacional” que bajó el menemismo, para justificar los injustificables indultos y algo más ligth como para distraer el protocolo Patricia Bullrich de palo y balas de plomo “para todos y todas”.
Lo que no cierra, es aquello de los principios y convicciones ideológicas, la actual titular, Celeste Segovia y su esposo José Mongeló, eran más kirchneristas que el remplazado Juan C. Goya, en cuanto a sus manifiestas definiciones políticas, pero para la pareja, parece que las convicciones no son importantes, sino sus bolsillos.
En efecto, el legado de “Néstor y Cristina” en materia de Derechos Humanos, hoy no les importa un rábano, sino tener un puesto, un carguito para Segovia y un cargo para Mongeló que en el directorio del Nuevo Banco del Chaco estaría cobrando un salario de 250 mil pesos mensuales, aproximadamente. Unos 3.25 millones anuales, nada malo para esta inflación corrosiva de las políticas del gobierno nacional.
Así que, en resumidas cuentas, el matrimonio Mongeló-Segovia decidió decirle chau a Cristina Fernández de Kirchner, dejar atrás todas las convicciones ideológicas y pintarse del amarillo más afín al PRO que el azul y blanco del Partido Justicialista.
Por eso la página de Facebook de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco ahora envía saludos por la comercial fecha de San Valentín (no forma parte de los santos ni de la celebración de la grey católica), enseña a utilizar preservativos correctamente (quizá Segovia se está preparando para saltar al ministerio de Salud Pública) y les da la buenas tardes y noches, como el Topo Gigio.
Y quizá esa también sea su nueva tarea, desinformar, perdón -fue un error de tipeo- “descontracturar”, unificar, pacificar, salvar la grieta y olvidarnos de que este 27 de febrero retomaría la audiencia preliminar de la causa en la que se investiga la complicidad civil y judicial en la que están acusados el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex juez federal Luis Ángel Córdoba, ya fallecido en Buenos Aires en agosto de 2017 a los 79 años. A esta causa se anexaron las imputaciones contra el jefe de guardia de la Unidad Penal Federal Penitenciaria N° 7, Pablo César Casco, que también será enjuiciado.
El 5 de abril continúa con el juicio por los asesinatos de los dirigentes de las Ligas Agrarias, Carlos Piccolli y Raúl Estigarribia por los que están imputados el ex teniente coronel del Ejército José Tadeo Betolli, el ex comisario de la policía provincial José Rodríguez Valiente, y los ex agente policiales Miguel González, Carlos Chávez y Alcides Sanfenraiter.
El comisario general Eduardo Wischnivetzky será juzgado en esta causa imputado por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres trabajadores rurales.
