“Buscamos el testimonio de los ex combatientes ya que la causa está radicada en Río Grande y son muchos los oficiales que están acusados, y si no se ha realizado las denuncias o las relativizan, es porque se sienten parte de unas fuerzas Armadas que se sienten agredidas, y nada agrede más que no respetar a los que fueron a defender nuestra patria, y por eso, queremos que se haga justicia. Les negaban comida, o les daban comida vencida y podrida, y cuando solicitaban alimento los estaqueaban, los enterraban en la turba hasta el cuello, entre otras torturas y vejámenes” finalizó el secretario.

La subsecretaria de Memoria Verdad y Justicia Silvia Robles recalcó "en la Secretaría de Derechos Humanos, hay un equipo de abogados que está preparado y abocado al tema en función, ya que nosotros somos querellantes en la causa, como provincia del Chaco. Por otra parte, venimos trabajando en todo lo que es lesa humanidad con el equipo del Programa de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado que depende en el Chaco de la Comisión Provincial por la Memoria, que son los que han asistido permanentemente en la toma de testimonios a las víctimas o a testigos de los crímenes de lesa humanidad durante el transcurso de la dictadura”.

“Éste mismo equipo, está a disposición para acompañar el proceso de toma de testimonios, por lo que se los va a contener e ir acompañando, ya que tiene que ser voluntario. Es imprescindible a la hora de garantizar el derecho a la verdad por parte de la sociedad, de los familiares y de las propias víctimas. No podemos permitir, si queremos construir una sociedad que garantiza plenamente los derechos humanos de todos los habitantes, que se puedan deslegitimar los crímenes perpetrados contra los ex soldados combatientes como actos de guerra, es imprescindible para que la sociedad toda tenga reparación de justicia".

El ex combatiente David Sambrino "ésta es la primera vez que se realiza algo así, se inició en 2007 en la provincia de Corrientes y continúa hasta hoy, todavía no se tomó declaración a los militares, oficiales y suboficiales que torturaron a nuestros compañeros, y yo soy testigo de ello. Esperamos que esto avance mis compañeros no tienen que tener miedo. Esta es una cuestión personal de cada uno, nos hace mal callar, no creo que nadie se quiera ir de este mundo y llevarse con ellos todo lo que tuvieron que padecer".

El fiscal federal Marcelo Rapoport pidió la detención e indagatoria de 26 oficiales y suboficiales por torturas cometidas contra conscriptos durante la Guerra de Malvinas. El magistrado reafirmó que se trata de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y destacó en sus fundamentos tanto la extensión de la práctica de enterramientos y estaqueamientos de soldados que reaccionaban ante el hambre –derivada a su vez del pésimo planeamiento militar–, como la política de ocultamiento de crímenes por parte de las Fuerzas Armadas, que continuó tras el fin de la dictadura. El escrito del fiscal, producto de una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, está ahora en manos del juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete.