Constantemente deben sonar las campanas a los fines de insistir en el objetivo de que paren los desmontes en Chaco. El decreto fue dictado para resguardar la figura del gobernador Peppo y su declarado objetivo de ser reelegido en ese cargo. Se priorizó el “exito” de la campaña electoral y, al mismo tiempo, la desactivación de las críticas planteadas y que se divulgaron por algunos importantes medios masivos de comunicación, especialmente por la estratégica y potente intervención de Greenpeace contra el plan del Gobierno chaqueño de sacrificar territorios protejidos para ampliar la frontera agropecuaria transgénica, a paquete cerrado. Además, buscaron satisfacer a los que se oponen y que se relajen en sus pocisiones críticas.

Núñez mantuvo una extensa charla extensa cuando fue entrevistado con el periodista Arturo Cavallo en el programa Mañana, Tarde y Noche, que se emite por AM1010 Onda Latina y otros medios digitales, entre ellos www.radiosentidos.com.ar .

Detalló que el gobernador Domingo Peppo puso en marcha la actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo (OTBN), con un “decreto que estaba adormecido, que lo dictó en el año 2017, pero que venían trabajando en los actos preparatorios bajo la ignorancia de la opinión publica en el Chaco”.

Reveló que una calificada fuente nacional alertó al Centro Mandela sobre diversas hipótesis sobre los posibles desmontes que podrían ejecutarse en la provincia del Chaco. “Pretenden sacrificar montes a razón de 250 mil hectáreas en zona protegida, Zona Amarilla, Categoría II”, apuntó y agregó que “la fuente nos refiere que ese es el piso para de avance de la Zona Verde para habilitar chacras para grandes empresarios sojeros, girasoleros y maiceros”. Sobre esos empresarios advirtió que evidentemente “tenían el dato” porque “compraron campos baratos en Zona Amarilla, a bajo precio, donde no se puede desmontar a tala rasa”, y que luego “a través de procedimientos tramposos lograron que se recategoricen sus campos, y el paso siguiente fue el otorgamiento de permisos para que desmontaran en esos campos y ya están habilitadas las chacras que ya están siendo explotadas”.

Seguidamente alertó que “lo que quieren esos empresarios es que esas zonas sean pintadas de verde, para tener seguridad jurídica, entre comillas, y para que nunca sean cuestionadas”.

Pero, sacrificar 250.000 hectáreas de montes protegidos no seria la única hipótesis del plan del Gobierno. Núñez agregó que “la segunda(hipótesis) que manejamos es que irían por 280 mil hectáreas. Manejamos seis hipótesis. La última, tendría por objetivo sacrificar 409 mil hectáreas del monte Impenetrable(…) que “si hicieran eso van a romper todo el ecosistema, van a romper todo el monte y van a iniciar en un proceso de profundización de ese monte que ya está muy lastimado por los explotadores forestales”.

El coordinador del CENTRO MANDELA luego explicó que producto de la presión de organizaciones ambientalistas, otras organizaciones intermedias, particulares, vecinos de la zona de El Impenetrable “y la oportuna y activa participación” de la organización internacional Greenpeace, el gobernador Domingo Peppo firmó un decreto “suspendiendo por ahora el proceso de actualización del ordenamiento territorial de montes en el Chaco (OTBN), lo que nos da un poco más de tiempo para organizarnos, para oponer las cuestiones, para decir que no vamos a retroceder un metro de las zonas protegidas”.

Rolando Núñez no desligó de todo este proceso al gobierno nacional porque “tienen responsabilidad, aunque sabemos que no existen en la Argentina política ambiental nacional, y que se lavan las manos señalando que producto del sistema federal de gobierno, tierras y recursos naturales son gobernadas por gobiernos locales, pero hay complicidad, hay intereses compartidos”.

Allí reclamó que “hay que ir por más, tratar de encontrar todas las irregularidades expediente por expediente, de aquellos campos de grandes empresarios, fundamentalmente cordobeses, santafesinos y bonaerenses, que compraron campos baratos en zona amarilla y tratar de retrotraer la situación al momento anterior de las operaciones irregulares y que se obliguen a que inicien un proceso de reforestación que tiene que ser igual o mejor a los bosques desmontados e iniciar una investigación administrativa y penal para todos aquellos funcionarios públicos que tramitaron todos esos expedientes que permitieron ir dinamitando las zonas protegidas”.